La CUP dinamita la unidad secesionista con su 'no' a las cuentas

El frente 'indepe', ya muy maltrecho por las tensiones de largo recorrido entre republicanos y neoconvergentes, se desgarra ahora por la negativa de los antisistema a apoyar las cuentas para 2022 . Ayer, y pese a la última oferta del Ejecutivo de ERC y Junts en forma de nuevas cesiones a los antisistema, la dirección del partido ratificó su negativa, manteniendo así la enmienda a la totalidad que registraron el pasado miércoles tras la consulta a su militancia.

«Es insuficiente», zanjó la portavoz Eulàlia Reguan t, en alusión a las nuevas cesiones, entre estas, la creación de un 'grupo de trabajo' que aborde la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación esta legislatura –una opción que nadie asume como real–. El aumento hasta los 1.000 millones del presupuesto para vivienda o la creación de nuevos impuestos a los cruceros contaminantes y a la industria que emita gases de efecto invernadero eran otras de las propuestas lanzadas por el Govern para seducir a los antisistema. No fue suficiente. «Seguimos trabajando para que este Gobierno dé un giro a la izquierda y avance en el proceso independentista», se insiste desde la CUP, formación que, por ejemplo, reclama la retirada de enmiendas de Junts a la nueva ley Antidesahucios, algo que esta última formación rechaza.

Tras la decisión de la CUP de mantener su veto, la ejecutiva de ERC se reunió ayer de urgencia en Barcelona y anunció que pirorizará a partir de ahora la negociación con los comunes . "ERC se compromete a explorar al máximo las posibilidades de acuerdo con los comuns para garantizar la agenda de progreso que Catalunya necesita", subrayó la formación.

Más allá de su negativa a cualquier proyecto de inversión que implique afectaciones en el territorio (véase su 'no' rotundo a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona o a los Juegos Olímpicos de Invierno), la formación antisistema también quiere aprovechar la ocasión para introducir en las conversaciones con Junts y ERC cambios sustanciales en otros asuntos clave, como el funcionamiento de los Mossos d'Esquadra o la relación entre la Generalitat y el Gobierno.

En estos momentos, se vislumbran dos escenarios posibles. O republicanos y posconvergentes ceden aún más ante la CUP y dan un paso más hacia la radicalización de la política catalana, o bien se plantan y prueban otros caminos, bien sea de la mano del PSC o de los comunes de Ada Colau, opción favorita de ERC y ya testada en 2019. Mientras tanto, los antisistema enumeran sus condiciones con propuestas que unen reivindicaciones sociales vagamente populistas con las viejas recetas económicas de la izquierda radical.

En el trasfondo, el interés de la CUP por convertir la economía catalana en una suerte de 'laboratorio' de sus tesis anticapitalistas y prodecrecimiento en un contexto internacional delicado marcado por la necesidad de recuperar el ritmo económico tras la crisis del coronavirus. Una Cataluña distópica que rehúye la inversión privada, dispara la presión fiscal y se cierra a cualquier proyecto que implique reforzar los vínculos con el resto de España. Estas son sus principales propuestas:

Una de las principales exigencias de la CUP es bloquear la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Esta infraestructura, clave para el desarrollo económico de Cataluña, estaba a punto de quedar saturada antes de la pandemia. En verano, el Gobierno y la Generalitat acordaron por sorpresa una inversión millonaria para ampliar sus instalaciones (pistas y terminales) que sumó, casi desde el minuto cero, la oposición de la CUP y de los comunes, en pugna por el voto urbano ecologista. Ambas formaciones apuestan, de forma más o menos abierta en función del momento, por las tesis prodecrecimiento la CUP, no solo rechazan el proyecto en el plano ambiental, también son contrarios a consolidar un modelo turístico y de internacionalización de la economía que ven con malos ojos.

Otro asunto que sobrevuela las condiciones que pone la CUP para negociar es el veto más o menos generalizado a la colaboración público-privada. En este sentido, uno de los puntos clave es la suspensión de la partida de 120 millones que la Generalitat iba a destinar a impulsar el proyecto de hoteles y casinos que la compañía Hard Rock tiene previsto levantar en Tarragona siguiendo la estela del fallido proyecto Eurovegas. Los anticapitalistas quieren evitar esta inversión cifrada por sus impulsores en 900 millones de euros y el Govern de Pere Aragonès ya ha mostrado su disposición a retirar su aportación. La formación también quiere que el ejecutivo deje de financiar la Fórmula 1 y el Circuito de Cataluña, empresa que anualmente recibe unos 18 millones de euros. En paralelo, otra de las exigencias de los antisistema es «internalizar» algunos servicios públicos que hoy se dan a través de empresas privadas, como el teléfono de emergencias 112 o el servicio de ambulancias.

Las propuestas de la CUP en materia fiscal buscan aumentar (todavía más) la presión impositiva de Cataluña, una de las comunidades en las que se pagan más impuestos propios. Concretamente, la formación propone aumentar el IRPF en las rentas de más de 60.000 euros y el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas. De paso, reclama también la activación de nuevos tributos relacionados con el cambio climático. El gobierno de Junts y ERC parecen dispuestos a transigir, al menos, en este último capítulo, y de hecho, este mismo viernes el Govern ya aceptó crear dos nuevos impuestos 'verdes', uno para las emisiones contaminantes de grandes barcos, que entrará en vigor en 2022, y otro, más genérico, para «actividades económicas» que generen gases de efecto invernadero, que entraría en vigor en 2023.

Otro de los viejos temas que la CUP ha recuperado en su negociación presupuestaria con ERC y Junts es su obsesión por restar fuerza a los cuerpos de seguridad, empezando por los Mossos d'Esquadra , que dependen directamente del Ejecutivo autonómico. Por ello, han vuelto a pedir en las negociaciones que se anulen las sanciones económicas interpuestas en Cataluña al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, que la Generalitat deje de ejercer de acusación particular contra activistas y manifestantes cuando no haya un agente lesionado y fiscalizar más las actuaciones de los antidisturbios de los Mossos, propuestas, todas ellas, que los sindicatos mayoritarios de la policía catalana siempre han criticado porque, afirman, desprotegen a los agentes. Por ello, piden que los policías dejen de ser moneda de cambio en las negociaciones con la CUP .

Esta semana la CUP criticó la «normalización» de las relaciones entre la Generalitat y el Estado. Por ello, en las negociaciones también exigen que el Govern regrese a la hostilidad con el Estado y empiece a preparar el terreno para un nuevo referéndum , eventualmente unilateral. Como respuesta, ERC ha ofrecido a los líderes antisistema «tutelar» la denominada 'mesa de diálogo' y la creación de un vaporoso grupo de trabajo por el referéndum. La CUPsigue marcando la agenda.