La cantera de Colau: seis cargos saltaron a la política desde la entidad investigada

Fundado en 1998, el Observatorio Desc es una ONG que –según recoge su propia página web– s e dedica a velar por los derechos a la vivienda, a la educación, la salud y a la alimentación , tanto en labores de asesoramiento como de investigación y de la promoción de publicaciones y seminarios.

Si diversos y difusos son sus ámbitos de actuación, compleja es también su estructura. Son miembros del Observatorio Desc desde organizaciones como el centro Irídia, Comisiones Obreras de Cataluña o el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, hasta personas a título individual como Gonzalo Boye, abogado del fugado 'expresident' Carles Puigdemont. Su vinculación también es muy estrecha con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) , la ONG que catapultó a Colau hacia la arena política.

Más allá de la portavocía de la PAH –que dejó en 2014–, Colau donde trabajó, y de donde cobraba un sueldo de 1.500 euros netos anuales, fue precisamente en el Observatorio Desc. Hacía labores de coordinación en materia de vivienda para esta entidad. Empezó a trabajar en ella en 2017 y solo abandonó este cargo en 2015 para encabezar la lista de los comunes a las elecciones municipales barcelonesas, que acabaría ganando.

Pero Colau no hizo sola, ni mucho, menos, el viaje desde el Observatorio Desc hasta el Ayuntamiento. Tres de los concejales de su primer mandato (2015-2019) tienen un pasado, más o menos pronunciado, en esta entidad . Su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, había sido vicepresidente del Observatorio. Jaume Asens, entonces tercer teniente de alcalde y ahora portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, también había sido miembro de la junta directiva de la ONG.

Ni el cargo de Pisarello ni el de Asens en el Observatorio eran remunerados. Sí que lo era el de Gala Pin, concejala del distrito de Ciutat Vella en el primera mandato de Colau: trabajó a media jornada durante dos años en materias relacionadas con la vivienda y la comunicación. A Pin, además, el comité de ética del Ayuntamiento de Barcelona la ha reprobado recientemente por incumplir el Código Ético del Consistorio al aceptar trabajar en una fundación que recibió 287.000 euros en subvenciones mientras ella era edil.

Colau hizo otros dos fichajes en el Desc, que se llevó al Ayuntamiento: Vanesa Valiño , esposa de Pisarello, y ahora jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda, que dirigió el Desc desde 2000 a junio a 2015. Y Agueda Bañón , ahora directora de comunicación del Ayuntamiento, había tenido también responsabilidad en ese ámbito en el Desc desde 2011 hasta que, también en 2015, dio el salto al consistorio.

Contra tres de esos seis cargos citados en las líneas anteriores –Colau, Pin y Valiño– se ha dirigido la denuncia presentado por la entidad Abogados Catalanes por la Constitución, que ya tiene sobre la mesa la Fiscalía Provincial de Barcelona. La entidad suma en su denuncia otros tres nombres: la actual directora del Desc, Irene Escorihuela ; la cuarta teniente de alcalde y directora del área de Derechos Sociales, Laura Pérez , y a Laia Ortiz, edil de Derechos Sociales del primera mandato de Colau. En la denuncia, adelantada ayer en exclusiva por AB C , estos abogados señalan a estos seis cargos y excargos por una subvenciones supuestamente irregulares que rondaron los 120.000 euros anuales. Creen que utilizaron la vía de las ayudas para esquivar el concurso público y así poder otorgar a esta entidad afín los fondos a dedo, esquivando los concursos.

La oposición reaccionó ayer exigiendo más transparencia a Colau en el uso de los fondos públicos . Ciudadanos lamenta que «los dedazos» y el «amiguismo» sean una práctica habitual de Colau, y el PP le pidió «asumir responsabilidades» . Barcelona pel Canvi exigió a los comunes cumplir el código ético, y desde las filas de Junts reclamaron a Colau que «dé la cara» ante las «numerosas» querellas y denuncias que se han presentado últimamente contra el ejecutivo municipal. «Nos resulta lamentable que la respuesta del gobierno municipal de Colau sea limitarse a decir que esperan que se archive la denuncia y que dichas subvenciones se iniciaron en 2014 con Trias como alcalde de CiU», ha señalado, por su parte, el regidor del PP Óscar Ramírez.

Por otra parte, la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, declaró ayer en calidad de investigada ante el Juzgado de Instrucción 12 a raíz de la expropiación de una vivienda en la ciudad, la llamada Casa Buenos Aires en Vallvidrera, okupada durante años. Sus todavía propietarios, una congregación religiosa y una promotora, interpusieron la denuncia.

La causa está abierta por cuatro presuntos delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción de la justicia y coacciones, después de que el Gobierno municipal planteara la expropiación del inmueble para preservarlo y crear equipamientos y vivienda pública. A la salida del juzgado, Sanz alegó que la decisión municipal de llevar adelante la expropiación responde al «interés público» .