La ampliación de El Prat destapa la falsa unidad del 'procés'

Con el independentismo asumiendo que el objetivo inmediato de la secesión es una quimera, proyectos concretos como la inversión en El Prat enseñan los intereses divergentes de los partidos que propugnan la ruptura. Los 1.700 millones que está dispuesto a poner AENA en Barcelona han devuelto a Junts repentinamente a la vieja doctrina convergente 'business friendly' y ha forzado a la CUP a reivindicar su perfil anticapitalista. Entremedio, ERC sin saber mucho a qué atenerse, hace equilibrios. Aterrizaje forzoso en la política real después de años de delirio soberanista. El de El Prat es quizás el primer episodio político en clave 'post procés', en el que los partidos, cada uno tirando por su lado, han demostrado que la unidad 'indepe' en realidad era una falacia.

La paradoja es que la ruptura del frente único se produce sobre una cuestión en el que la unanimidad entre los partidos, con el apoyo de los empresarios, era rotunda cuando de lo que se trataba era de reivindicar ante Madrid más inversiones. Así fue durante años. Los peajes en las autopistas, el histórico y muy deficiente servicio de Cercanías, el renqueante corredor del Mediterráneo o la falta de accesos ferroviarios al puerto y al aeropuerto fueron argumentos que de manera machacona se emplearon en los años previos al desvarío independentista. La tan proclamada desatención inversora hacia Cataluña en un Estado en el que se imponía el modelo radial de infraestructuras ocupó durante años el primer lugar del siempre presente 'memorial de greuges' (memorial de agravios), y dentro de las reivindicaciones, la de poseer un aeródromo bien dotado y con conexiones internacionales ocupaba una posición prioritaria. Todavía escocía la decisión de Iberia de replegarse en El Prat en favor de Barajas en 2006: la decisión de la aerolínea (privatizada en 1999) de priorizar su 'hub' en Madrid fue leída como un elemento más de la política centralista en infraestructuras.

Si aquella decisión sirve para entender en parte los años previos al 'procés', la polémica abierta ahora en torno a la ampliación del aeródromo que proyecta AENA explica en buena forma la nueva fase política, más pegada a la tierra, en la que ha entrado Cataluña pese a que la retórica rupturista no se detiene.

Si el proceso independentista ha sido la masilla que ha servido para aglutinar a partidos de ideología e intereses diversos que solo comparten su deseo de romper con España, la polémica por el nuevo aeropuerto ha destapado lo que en realidad ha sido una unidad ficticia. De alguna forma, y en el entorno del PSC no dejan de subrayarlo, con la polémica por la ampliación de El Prat la política catalana regresa a los asuntos tangibles -sostenibilidad, modelo económico...-, y los partidos sacan los codos para fijar posición, comprometiendo a la vez la estabilidad de la legislatura.

La polémica tiene un formato clásico, y se ventila entre los defensores de preservar a toda costa el entorno natural del aeródromo, cuya imprescindible nueva terminal AENA condiciona a la ampliación de una de sus pistas -que debería realizarse sobre unos humedales ahora con el máximo nivel de protección-, y quienes priorizan la inversión y su retorno económico al margen de su impacto ambiental. Comunes y la CUP -que amenaza con dejar de apoyar al Govern 'indepe'- están en el primer grupo, PSC, Junts Cs y PP en el segundo -aunque con matices-, mientras que ERC trata de no aparecer como un partido contrario a la economía pero sin enojar a sus bases más a la izquierda. El intento de los republicanos de sustituir a la vieja CiU como un partido de gobierno, centrado, que no chirríe a la empresa, tiene un precio, y en Junts lo saben.

Es en esta pugna en la que se entiende el sorpresivo acuerdo para lleva a cabo la inversión de 1.700 millones en El Prat -en la comisión bilateral del 2 de agosto se acordó que se llevaría a cabo, pero no cómo-, y que pactaron e l Gobierno y la Generalitat, siendo el vicepresidente Jordi Puigneró (Junts) quien patrimonializó la encajada de manos. Junts se sacudía de un plumazo su ambigua postura respecto al proyecto, algo que los empresarios, muy activos a favor de la iniciativa, no alcanzaban a comprender.

La cuadratura del círculo pasa por llevar a cabo lo que en una pirueta lingüística se ha bautizado como un «aeropuerto verde», lo que implica redactar el proyecto tratando de, parece una obviedad, minimizar su impacto, tal y como de otro modo exigirá la UE. El líder de ERC, Oriol Junqueras, lo resumía en Rac1 mostrándose a favor del proyecto siempre que se ajuste, dijo, a las directivas y los criterios comunitarios «que están hechos con criterios de protección ambiental». Hay que evitar «falsos dilemas, que son llamativos y dan grandes titulares», apuntó Junqueras pero sin entrar en el meollo del asunto: ampliación sí o no de la tercera pista, la cuestión clave sobre la que AENA condiciona, o al menos condicionaba la inversión, hasta el acuerdo de la bilateral de agosto.

Si los detalles concretos del proyecto dividen al gobierno catalán y amenazan por ejemplo la aprobación de los Presupuestos -como apunta la CUP-, desde Junts se apuntaba ayer a la que puede que al final sea la cuestión nuclear. Lo resumía el vicepresidente Puigneró: sí al proyecto si es sostenible y, «sobre todo, que esté gestionado desde Cataluña».