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El Gobierno y la Generalitat pactan desbloquear una inversión de 1.700 millones para ampliar El Prat

La ministra Rodríguez ha destacado el «ambiente distendido» de la reunión, en la que asegura que no se han abordado temas políticos como el referéndum, que se tratará en la mesa de diálogo de septiembre

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez EFE / Vídeo: El Gobierno y la Generalitat pactan una ampliación de El Prat con una inversión de 1.700 millones de euros - Atlas

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El Gobierno de España ha anunciado este martes por sorpresa un acuerdo con la Generalitat para desbloquear el plan de ampliación del aeropuerto de El Prat, dotado con una inversión de 1.700 millones de euros . La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha enmarcado este proyecto como uno de los puntos fundamentales de la recuperación económica tras la pandemia y el tema principal tratado en la Comisión Bilateral entre administraciones, a la que también han acudido la consejera de Presidencia de Cataluña, Laura Vilagrà, y el vicepresidente Jordi Puigneró.

Si bien la ministra no ha dado un calendario en torno al plan, sí ha destacado que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo 30 de septiembre, paso previo a su traslado a la Comisión Europea, si se cumplen los plazos. Según los cálculos del Ejecutivo, hará crecer más de dos puntos el PIB catalán, creará 365.000 empleos (83.000 directos) y transformará el eje de Barcelona y Madrid en uno de los más importantes del mundo, habida cuenta de que estará estrechamente relacionado con la transformación de Barajas, también prevista a corto plazo.

Aunque el traspaso de la gestión de la terminal a Cataluña era una de las 56 exigencias planteadas por el Gobierno de Pere Aragonés, Rodríguez ha asegurado que este extremo «no ha sido objeto» de la reunión. Pero lo cierto es que este proyecto no es una novedad y el Plan Director fue anunciado ya en 2016 por el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna (PP). Si no vio la luz fue, precisamente, porque los partidos independentistas y Ada Colau se opusieron.

Más allá del proyecto del aeropuerto, que ya había sido tratado y desarrollado de forma individual por el Ministerio de Transportes, la reunión ha servido para sentar las bases de la relación entre los gobiernos central y autonómico en algunas cuestiones. En ese sentido, la titular de Política Territorial ha asegurado que ha primado un ambiente «distendido» y que no se han tratado asuntos meramente políticos , como un hipotético referéndum de autodeterminación en Cataluña, y sí asuntos relacionados con la «agenda social y ciudadana» . Lo relativo a la independencia queda aplazado, en principio, a la mesa de diálogo prevista para dentro de unas semanas, en septiembre.

Becas o Cercanías

Rodríguez ha explicado que se han pactado también cinco temas que tienen que ver con la relación entre las administraciones y el traspaso de algunas competencias , aunque solo unas pocas de cuantas se plantearon. Así, con el próximo semestre en el horizonte, se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para reducir la «conflictividad institucional», entendido como el análisis de las normativas estatal y regional. También la encomienda de una comisión para traspasar la concesión de becas y ayudas al estudio a Cataluña y estudiar la viabilidad para hacer lo propio en torno a la formación sanitaria y profesional o salvamento marítimo.

La Comisión Bilateral, ha añadido la ministra y portavoz del Ejecutivo central, ha servido igualmente para reactivar la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales y la Comisión sobre inversiones estatales en infraestructuras. En ese sentido, se abordará el traspaso de competencias de ferrocarril y Cercanías , cuya reunión se producirá en septiembre.

Respecto a las becas, con una inversión de 44 millones de euros, la portavoz del Gobierno ha asegurado que no cree que puedan estar disponibles para el próximo curso, pues el grupo de trabajo se pondrá en marcha con el año escolar ya iniciado. Sobre las infraestructuras, que se ajustan al marco de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomia catalán, la ministra del ramo ha anunciado que el Gobierno prepara un total de 200 millones de euros, 100 de los cuales serán a corto plazo y el resto, antes de final de año, en dos paquetes de 50 millones.

La titular de Política Territorial ha reconocido que la Generalitat ha tratado de colar en la reunión el reparto de los fondos europeos , pero se ha eludido hacerlo en este foro «en aras de la transparencia» y por respeto al resto de comunidades autónomas. De hecho, el encuentro ha tenido lugar solo unas horas después de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, tratase en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación los detalles del plan enviado a Bruselas con todas las comunidades.

La premisa del Gobierno catalán en todo momento es que la gestión de este montante ha de tratarse de forma bilateral e incluso dejó en el aire su participación en la reunión conjunta hasta el último momento. Tanto, que la secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Marta Villarroya, no se conectó hasta pasada hora y media de reunión. Sea como fuere, lo cierto es que el presidente Pere Aragonés ya se ausentó de la Conferencia de presidentes del pasado viernes y su postura parece no variar.

56 exigencias

Como ha venido informando ABC, la Generalitat ha planteado en la comisión una e norme batería de propuestas de traspasos y transferencias del Estado a Cataluña , más acumular competencias a cambio de nada. Su planteamiento de máximos engloba un medio centenar de solicitudes, divididas en tres bloques: traspasos, transferencias e «incumplimientos» del Gobierno. Así, Cataluña pide la gestión de El Prat , que los Mossos d'Esquadra se encarguen de la protección de la naturaleza, en detrimento de la unidad del Seprona de la Guardia Civil, o asumir funciones ejecutivas para el Servicio Catalán de Tráfico sobre circulación de vehículos y seguridad vial. También la seguridad del aeropuerto de Alguaire (Lérida) y que los Mossos sean policía ordinaria del puerto de Palamós (Gerona). Igualmente, que Protección Civil se encargue de la seguridad nuclear y otras «funciones residuales» que todavía le quedan a la Administración General del Estado.

Otra de las reclamaciones tiene que ver con que la Autoridad Catalana de Protección de Datos tome las funciones de registro y autoridad de control en datos personales de ficheros privados y ejercer funciones de ordenación y gestión del litoral. En el ámbito de la educación, además, pide gestionar las becas, créditos y ayudas a estudios universitarios y no universitarios y las competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación. También la reivindicación histórica del catalanismo de que el Gobierno de la nación cumpla con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, relativa a las inversiones del Estado en Cataluña y que el Tribunal Constitucional declaró que no es de obligatorio para la Administración central. La delegación catalana exige más inversión para la ley de Dependencia, la red de Cercanías y en los Mossos .

La Comisión Bilateral surgió de la reunión que mantuvieron recientemente en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo autonómico en Cataluña, Pere Aragonès. Ambos mandatarios se comprometieron a retomar este encuentro entre las dos administraciones para abordar asuntos relacionados con transferencias, así como la Mesa de Diálogo.

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