Un juzgado de Barcelona ordena la autopsia del expresidente de Angola por las sospechas de homicidio

Tchize formalizó la queja contra una de la exparejas de su padre, Ana Paula Cristovao, y también contra el médico de confianza de éste, el Dr. Afonso. Según los abogados de la familia, el facultativo está a sueldo del actual gobierno de Angola. Ejecutivo que declaró la «guerra» a la familia Dos Santos, al acusarlos de corrupción, tras 38 años en el poder del patriarca.

Ante esta situación, Eduardo Dos Santos fijó su residencia en Barcelona en 2019. Fue dos años después, un 14 de septiembre, cuando regresó a su país de origen. Allí, indican desde Carmen Varela Abogados de Familia y Molins Defensa Penal, su salud empeoró «por motivos inexplicables y de forma totalmente inédita y sorprendente». Se convirtió así en un «anciano totalmente incapacitado e imposibilitado para valerse por sí mismo», necesitando ayuda permanente y desplazarse en silla de ruedas.

En marzo de este año regresó a la capital catalana, donde seguía un estricto tratamiento médico y hasta aquí lo acompañó también el Dr. Afonso. Pero, según denuncia ahora su hija, se le ocultó la información sobre el estado de Dos Santos, que llegó a pesar 45 kilos. Poco después de volver a instalarse en Barcelona, y tras recibir oxígeno, suplementos alimenticios y seguir una pauta de fisioterapia, el expresidente de Angola comenzó a mejorar.

Un mes después, su exmujer Ana Paula viajó hasta Barcelona para visitarlo y acabó instalándose en la residencia de Dos Santos, restringiendo las visitas de sus hijos e incluso del personal de servicio. Según la denuncia, desde ese momento la salud de él «empeoró gravemente, de modo que cada vez tenía más afectadas sus capacidades físicas, pero también cognitivas y volitivas», hasta que acabó ingresado en cuidados intensivos en la Clínica Teknon.

La mujer se separó de su pareja cuando éste abandonó la presidencia de Angola, en 2017. Desde entonces, apunta su familia, se han sucedido sus apariciones públicas con la actual primera dama angoleña. También indican que el ahora presidente, Joao Lourenço, ha emitido comunicados relativos al estado de salud de Dos Santos, pese a no tener autorización.

Así, los allegados a Dos Santos sospechan que «existen un cúmulo de indicios» que apuntan a que tanto la exmujer como el facultativo de confianza son responsables de la muerte del expresidente. Entre otros, al anular las visitas con su equipo médico español, en su momento más delicado de salud, ya en mayo de este año.

Y es que según algunos parientes que sí pudieron visitarlo, no se le alimentaba «según los protocolos médicos» pese a su extrema delgadez y «llegó a pasar 16 horas sin comer». Y, aunque tuvo varios episodios de «extrema dificultad para respirar», no lo trasladaron al hospital.

Fue el pasado 23 de junio cuando Dos Santos sufrió un paro respiratorio, mientras estaba solo en el baño. Luego sufrió un paro cardíaco, que derivó en su muerte cerebral. «Este es un indicio de que la parada respiratoria fue mucho más prolongada de lo que se ha informado a los servicios médicos españoles», indican los representantes legales de la familia.

Además, el personal de servicio del expresidente indicó que éste presentaba un cuadro grave de insuficiencia respiratoria desde el día anterior. Pese a ello, no lo trasladaron a un centro médico.

Ya ingresado, la exmujer quería desconectarlo del soporte vital que lo mantenía con vida y trasladar su cuerpo a Angola, pero sus hijos recuerdan que el matrimonio, roto desde hacía cinco años, nunca llegó a tener validez legal en España, con lo que no estaba autorizada para tomar ninguna decisión al respecto.

Una vez fallecido, el ministro angoleño Téte António se desplazó hasta Barcelona con la intención de trasladar el cadáver a su país, pese a que el exjefe de Estado había manifestado que no era su deseo.

Ante dichos indicios, el juzgado de guardia de Barcelona ordenó este viernes realizar la autopsia a Dos Santos, y su hija ha presentando otra demanda para solicitar medidas de apoyo, tanto personales como económicas, respecto a su padre. Ésta queja la tramita el Juzgado de Primera Instancia 59 de la capital catalana.