Colau se compromete a liderar la respuesta a la sentencia del 1-0 y llama a la movilización

La proposición, tras la que saldrá una declaración institucional, denuncia que los enjuiciados son presos políticos, que existe «un proceso de persecución política» y pide la «liberación inmediata » de los líderes independentistas y el libre retorno de los exiliados. Denuncia, también, «la regresión de derechos y libertades que desde hace años se sufre en Cataluña, y en el Estado español, así como la judicialización de la política catalana».

Además, expone un compromiso con el derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum sobre el futuro de Cataluña. La medida acaba con un punto, incorporado por BComú, que asegura que como Ayuntamiento se trabajará para «buscar soluciones para conseguir la libertad de los presos políticos y hacer un l lamamiento a la movilización ciudadana en favor de los derechos y libertades».

Los dos socios de gobierno han mostrado con naturalidad su división y han recordado que en su acuerdo de gobierno ya dejaron claro que las cuestiones supramunicipales no afectarían su fortaleza. "Está muy claro que no defendemos la misma posición, pero estamos aquí para trabajar por Barcelona" , ha defendido la concejal socialista, Laia Bonet, que ha resaltado que más que las diferencias entre el gobierno la medida ha sacado a la luz algunas discrepancias entre las formaciones independentistas, ya que JpC ha reprochado que no haya habido un trabajo previo entre formaciones.

En una línea similar, el concejal de los comunes, Marc Serra, ha quitado hierro a la votación recordando que el " conflicto ya ha sido ampliamente debatido " y que BComú rechaza la judicialización de la política y pide la liberación de presos y retorno de exiliados.

Los grupos constitucionalistas de la oposición han criticado duramente la medida. La líder de Cs, Luz Guilarte, ha denunciado la "infamia" de que los grupos independentistas quieran hacer creer que en España se castiga en base a las ideas políticas y que hagan "un ataque intencionado" a la separación de poderes. El edil del PP, Josep Bou, ha recordado que con el referéndum "se dividió a un pueblo y esto no tiene perdón, es un acto criminal ". Eva Parera, en nombre de BCN Canvi, ha lamentado que "se confunde esta comisión con un atril de partido" y que hay que superar esta etapa de campaña permanente en la que vive el Ayuntamiento.

Además, durante la defensa del punto, Elisenda Alamany (ERC) ha remarcado, dirigiéndose a los contrarios a la medida, que "estamos de una involución de los derechos y libertades en la que todos salimos perdiendo". Elsa Artadi (JpC) ha ido en la misma línea: "lo que le pasa a Quim Forn nos puede pasar a cualquiera de nosotros". La exconsellera ha lamentado, con todo, que los republicanos no se hayan reunido previamente con ellos para abordar la votación.

Además, durante la comisión se ha abordado la crisis de seguridad que ha vivido este verano la capital catalana. El nuevo responsable de seguridad, el concejal Albert Batlle, ha comparecido a petición de los grupos de JpC y Cs y ha pedido “ser evaluados por los datos y no por las fotos , el ruido y lo que se publica en Twitter”.

La oposición, en términos generales, ha aplaudido el nuevo rumbo del nuevo equipo de gobierno, ahora con el PSC al frente de la seguridad. Jordi Coronas, edil de ERC, con todo, ha considerado que “esperábamos más” y ha lamentado que ve “ contradicciones ” en el bipartito municipal.

Además, Paco Sierra, concejal de Cs, ha denunciado que todavía ve demasiadas similitudes con las políticas del anterior gobierno y ha criticado que durante sus explicaciones Batlle “no ha explicado en qué va a cambiar la política de seguridad" fracasada de Colau.

Desde el PP se ha dado un voto de confianza al nuevo responsable de seguridad. Josep Bou, su líder, ha remarcado que “Barcelona es una ciudad segura con problemas de inseguridad ”.