En marcha el operativo permanente contra el top manta en plaza Cataluña de Barcelona

El dispositivo conjunto, coordinado por la Urbana, contempla el despliegue de efectivos policiales en los puntos susceptibles en los que hasta ahora se acomodaban los manteros obstaculizando así el paso de transeúntes por una de las estaciones más concurridas de la ciudad, por donde pasan unos 80.000 usuarios al día. El plan prevé que los agentes saturen el espacio público permanentemente, a diferencia de lo hecho hasta ahora, con operativos contundentes aunque esporádicos.

Ayer mismo, se llegaron a desplegar unos 70 agentes entre efectivos de la Urbana, Mossos, patrullas de paisano y personal de seguridad privada –que también se ha doblado–. La «invasión policial» del vestíbulo del intercambiador y de otros rincones fue previa a la aparición de manteros. Durante la jornada, se detectaron varios pequeños grupos de vendedores ilegales, que mayoritariamente llegaban desde Cercanías cargados con el material que pretendían vender y a los que se les requiso el material: en medio día, a modo de ejemplo, se hicieron una quincena de intervenciones .

«El dispositivo era una necesidad», reiteró ayer el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, que puntualizó que el plan no pretende ir contra los vendedores ilegales, si no contra la obstaculización del espacio. Así, dudó de que el dispositivo pueda atajar la cuestión del top manta en la capital catalana y reiteró que «se están buscando opciones » para que los manetros «encuentren salidas legales».

El inspector del a Unidad de Apoyo Policial de la Guardia Urbana, Josep Jordi Guerrero, avanzó que el objetivo es que a la larga la seguridad privada de TMB y Renfe lideren la vigilancia en la estación. Ahora, los planes pasan por mantener durante unas tres semanas tal dispositivo, según ha sabido ABC, y luego se analizará cómo continuar con la vigilancia. La intención es que, en una segunda fase, no haga falta tanta presencia policial para mantener la estación despejada.

La invasión del intercambiador se había convertido en un problema de seguridad en los últimos meses. El conflicto llevó a Renfe a denunciar en varias ocasiones la problemática: en la compañía estaban hartos de que tener que recurrir constantemente a las llamadas a la policía –unas cinco al día– para desalojar las instalaciones y poder garantizar así la seguridad, al menos de manera temporal.