Acusan al gobierno de Colau de «chivar» a los manteros las redadas policiales

Esta denuncia, de hecho, ya sonó el pasado verano, cuando algunos grupos municipales y el también sindicato policial SAPOL alertaron de lo mismo , aunque sin claras pruebas que lo corroboraran. En esta línea, CSIF aseguró ayer que dos agentes de la Guardia Urbana de incógnito pudieron c omprobar como dos mujeres -que posteriormente se identificaron como empleadas municipales- avisaron a los «manteros» de que se preveía una actuación policial en la zona de Colon y de plaza Cataluña, dos de los puntos predilectos por el colectivo.

Todo ello desencadenó que los vendedores ilegales escaparan antes de que el amplio dispositivo conjunto de Mossos d’Esquadra y Urbana llegara al lugar. Los testigos de tal chivatazo solicitaron la identificación a las supuestas delatoras, que aseguraron ser asistentes sociales municipales. «Trabajadores sociales, contratados por el Ayuntamiento, presuntamente, alertan y colaboran con personas que están infringiendo el Código Penal» , denunciaron desde el sindicato en un comunicado.

«No tenemos pruebas determinantes pero sí indicios de que algo está pasando . Hay una cosa muy clara: existió fuga de información porque los manteros se marcharon antes de que se pudiera intervenir policialmente y esto tiene que investigarse», explica a ABC un portavoz de CSIF. Fuentes del cuerpo comentan que algunos de los últimos grandes dispositivos preparados para efectuar grandes decomisos de material falsificado han sido frustrados y barajan que también haya sido por posibles «chivatazos».

Se trata de un hecho «gravísimo. La alcaldesa pone trabas al trabajo policial. El Ayuntamiento convive y, presuntamente, tapa un hecho delictivo», insisten desde CSIF. Por todo, la sección policial insta a la Fiscalía a que actúe y abra diligencias de investigación y a que se depuren responsabilidades políticas y penales. Igualmente, el sindicato confía en que la Urbana acabe judicializando el caso.

El Ayuntamiento, por su parte, lamentó «las acusaciones sin fundamento» de CSIF y avanzó que se están estudiando acciones legales. Fuentes municipales confirmaron a este periódico que sí se identificó a dos educadoras de calle que trabajan con los miembros del «top manta» aunque negaron rotundamente que estas empleadas tengan información previa sobre dispositivos policiales.

Paralelamente, desde la oposición se exigió más información al respecto. El PSC presentó un ruego de urgencia para que se esclarezcan los hechos inmediatamente y el PP también pidió explicaciones. Su alcaldable, Josep Bou, denunció que « mientras la policía intenta hacer su trabajo, el Ayuntamiento les boicotea para salvar a las mafias que explotan a los manteros».