Un juez investiga la cesión de un local municipal por parte del gobierno de Colau al colectivo okupa

Además de Badia, el juez también cita a declarar a cuatro funcionarios municipales por el presunto trato de favor y prevaricación que hicieron en este caso, que los vecinos llevan denunciando desde hace años, como avanzó este martes 'El País'. La querella se fija especialmente en la cesión de usos que se formalizó en septiembre de 2017 y que se ha ido renovando y argumenta que se hizo sin concurso ni subasta previa ya que la cesión estaba decidida de antemano.

Fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento colaborará con el juzgado «aportando toda la documentación necesaria», según recoge Ep. Desde el consistorio se han aferrado siempre a defender que la cesión de uso del local al colectivo se hizo tras meses de negociaciones y diálogo con el barrio y partiendo de la base de que existía un déficit de equipamientos en el barrio para los jóvenes y de que aprovechar las instalaciones, una antigua comisaría del Cuerpo Nacional de Policía propiedad del Instituto Municipal de Vivienda ubicada en la calle Nil i Fabra, « era una demanda histórica de las entidades juveniles».

Sin embargo, para parte de los vecinos la historia es rotundamente distinta. El local fue 'okupado' por el Casal Popular Tres Lliris, que ya meses antes había sido desalojado por los Mossos de otro local. Lejos de pedir otra intervención policial y a pesar de ser de titularidad municipal, el Consistorio acabó cediendo a las presiones del colectivo: aceptó un proyecto juvenil del grupo, que se constituyó como entidad legal poco antes, y firmó la cesión del local con un correspondiente costeo de varias obras en su interior por valor de, al menos, 94.623,95 euros, según corroboró ABC.

La cesión fue, como mínimo, motivo de sospecha desde un primer momento, para empezar porque no hubo ni concurso público ni publicidad al respecto. Más adelante, el Ayuntamiento tampoco hizo nada cuando se incumplieron los pagos de algunas cuotas mensuales, que tenían, por cierto, cantidades irrisorias. O tampoco cuando se supo que el local no tenía la correspondiente licencia tramitada .

Caso aparte han sido las múltiples quejas vecinales por las molestias que provoca Tres Lliris y que incluso llevó a la Síndica de Barcelona a pedir una actuación frente a los ruidos nocturnos. Con el Covid, la situación se tensionó más al vivir fiestas ilegales. En tres años, a modo de ejemplo, hubo 119 registros de la Guardia Urbana por incidencias y 28 denuncias al respecto, pero con ninguna sanción. A pesar de todos estos episodios, el Consistorio renovó a principios de año la cesión con el colectivo.

La cita de Badia con el juez se conoce la misma semana en que se ha sabido que un juez ha aceptado investigar a la incineradora de Sant Adrià, gestionada por la empresa pública Tersa y que preside el mismo concejal. El juzgado de Instrucción número 5 de Badalona (Barcelona) analizará si la planta incurrió en un posible delito contra el medio ambiente y los recursos naturales tras una denuncia presentada a finales de marzo por la Fiscalía que ahora ha sido admitida a trámite.

Fuentes consultadas coinciden, con todo, que por el momento las pesquisas no se dirigen contra ninguna persona en concreto, sino que se está indagando en cómo es el funcionamiento de la incineradora. Por ello, el juez ha solicitado de momento documentación para hacer avanzar las diligencias de investigación. Con todo, la denuncia de la Fiscalía señalaba como responsables al propio Badia y al jefe de explotación de la empresa.