Ada Colau, obligada a desalojar a los antisistema que «legalizó»

Fuentes municipales constatan a ABC que entre septiembre de 2017 y enero de 2020 se recibieron «un número elevado de quejas vecinales» relacionadas con el espacio. A la Guardia Urbana, al menos, le llegaron 40 llamadas por ruido o consumo de alcohol en el espacio público y también llegaron otras 20 reclamaciones a través del canal municipal de incidencias. A pesar de ello, Tres Lliris siguió funcionando con total impunidad.

El Covid-19 tampoco suavizó la situación. Entre marzo y septiembre de este año, y aunque hubo incluso un estado de alarma, la Urbana atendió otras 43 quejas telefónicas , que derivaron en siete denuncias por incumplimientos de las medidas de prevención, añaden desde el consistorio. A pesar de los episodios reiterados, los de Colau tampoco actuaron al respecto.

La gota que colmó el vaso fue cuando en septiembre el Distrito de Gracia recibió el requerimiento de la Fiscalía para tener documentación del casal, ya que tenía sobre la mesa cinco denuncias sobre sus actividades, ruidos y falta de licencia de actividades. El colectivo no presentó la información y el ayuntamiento no ha tenido otra alternativa que cerrar el local.

De hecho, desde el distrito acusan, ahora, a los antisistema de que «durante estos años no han procedido a regularizar la actividad, quedando pendiente la tramitación de la licencia» y recuerdan que, por su parte, han intentado mediar para resolver los conflictos de convivencia, ayudando, entre otras, en las obras para reducir ruidos.

«Desgraciadamente, las conversaciones con la entidad no han fructificado», reiteran a este periódico las mismas fuentes, que añaden que el colectivo «ha comunicado que no quiere proceder a tramitar la licencia de actividad, hecho que los aboga al cese de actividad». En este punto, el local ya está con la persiana bajada y el colectivo tiene un mes para presentar un recurso al respecto.

De momento, no se atisban movimientos y parece que ellos no quieren volver a negociar, algo a lo que el consistorio se abriría, reconocen fuentes próximas a Colau. Los antisistema, que alegan que los problemas de civismo se dan fuera del local, sí han decidido llevar el conflicto a las calles. Anteayer organizaron una primera manifestación bajo el lema «El Casal no se paraliza: primer aviso». «Preparémonos. Empieza la batalla», clamaba Tres Lliris desde su Twitter.

El local, que había sido una antigua comisaría de la Policía y que era de propiedad municipal, fue «okupado» en noviembre de 2015, meses después de que Colau aterrizara en el ayuntamiento. Más tarde se iniciaron conversaciones con el equipo de gobierno y la propuesta de impulsar un espacio juvenil. El acuerdo llegó en septiembre de 2017, después de que el colectivo se constituyera legalmente a última hora para gestionar el equipamiento: una cesión a medida.

El convenio de cesión, sin concurso público, incluía tres condiciones: un retorno social para el barrio, buena convivencia vecinal y legalización de la actividad. El ayuntamiento llegó a costear al acondicionamiento del local, como ABC avanzó el pasado verano, con casi 95.000 euros. A cambio, el colectivo incumplió durante tres años dos de los compromisos.