Fiscalía pide 7 años para 9 constructores por estafar 29 millones al Puerto de Barcelona

En su escrito de calificación, la Fiscalía Anticorrupción acusa de los delitos de estafa y falsedad documental a directivos de las empresas FCC, Construccions Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa que conformaban la UTE que construyó el Dique Este, así como al director de obras y a responsables de la UTE técnica encargada del control del proyecto, de la transportista y de Coterras SL , proveedora del material utilizado.

A José Antonio R., exjefe del Departamento de obra de FCC y gerente de la UTE, la Fiscalía le pide en total diez años de cárcel, dado que también le acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública por haber inflado el IVA soportado en las facturas para la construcción del Dique, con lo que presuntamente defraudó a cerca de un millón de euros a la Agencia Tributaria.

La construcción del Dique Este del puerto de Barcelona fue adjudicada en septiembre de 2011 por la Autoridad Portuaria por un importe de 165 millones de euros que, una vez modificado el proyecto dos años después, ascendió a 197 millones.

Según el ministerio público, los directivos de la UTE encargada de la construcción del Dique Este se pusieron presuntamente de acuerdo para inflar falsamente la facturación de las obras , en primer lugar simulando la compra de 865.000 toneladas de piedras que nunca existieron y que aumentaron en 9 millones el coste del proyecto.

Paralelamente, los procesados ordenaron construir las dos instalaciones auxiliares necesarias para levantar el Dique Este del puerto con escombros, pero los cobraron a la Autoridad Portuaria como si se tratara de piedra de cantera, de un precio muy superior, con lo que supuestamente desviaron en otros 17 millones de euros el coste total de la obra, informa Efe.

La Fiscalía sostiene que, para perpetrar la estafa, fue necesario "el concierto de todos los acusados, quienes aparentaron, de modo consciente y deliberado, a través de facturas y albaranes creados al efecto, la falsa apariencia de la existencia de la escollera" (levantada con piedra de cantera), así como su transporte y su vertido en el puerto.

Por todo ello, el ministerio público reclama que los procesados sean condenados a indemnizar solidariamente al puerto de Barcelona con los casi 29 millones de euros desviados.