Mas tensa la cuerda

En su primera entrevista en papel, concedida a «La Vanguardia» —caracterizada por su apoyo en los últimos meses al actual «president»— advierte de que «si España no se mueve, hay riesgo de ruptura». Ese titular es el colofón de unas semanas en las que Mas ha satisfecho las demandas de su electorado más ortodoxo, con guiños al sector nacionalista del PSC (el fichaje como consejero de Cultura de Ferran Mascarell) y al independentismo (el mantenimiento en su puesto de la número dos de Carod-Rovira para las «relaciones exteriores»). Si la presencia en el gobierno autonómico de las democristianas Joana Ortega y Pilar Fernández Bozal o de Andreu Mas-Colell presagiaba una fase de moderación política y rigor económico, el discurso de Mas sugiere la apertura de un escenario de confrontación con «Madrid».

Hasta el presente, Mas no había ocultado nunca su deriva soberanista, pero su retórica quedaba matizada por fuertes dosis de realismo y pragmatismo, hasta el punto de reconocer que no plantearía una consulta porque la opción de la independencia es minoritaria. Sin embargo, el político práctico y sin concesiones a la galería que lideraba la oposición en Cataluña ha dado paso a un presidente de la Generalitat dispuesto a explorar todas las vías que conduzcan a un cambio de estatus político de Cataluña. El concierto económico y la política lingüística son las dos primeras puntas de lanza, la primera para descerrajar el aparataje legal del sistema autonómico y la segunda, para reforzar el proyecto de «recatalanización» cultural y social de Cataluña que emprendiera Pujol y aplicara el tripartito.

La crisis, más allá de algunos mensajes en clave de austeridad, no parece formar parte de las prioridades de Artur Mas, pese a que buena parte de su capacidad de maniobra dependerá del estado de las arcas autonómicas y según las primeras catas, éstas presentan una situación mucho más preocupante que la reconocida por el tripartito. Frente a ello, Mas ha acometido «reformas» como reducir el número de consejerías de quince a doce, anunciar un recorte del 23 por ciento en el número de altos cargos y acometer un riguroso plan de ajuste durante los dos próximos años. Sin embargo, el mantenimiento de la costosa estructura exterior de la Generalitat organizada por Carod-Rovira contrasta con los propósitos de austeridad de CiU y que afectan a áreas tan sensibles del gasto público como la sanidad y la educación.

Si el lenguaje convergente del poder es duro en materia lingüística (con el compromiso expreso de mantener el despliegue de sanciones y, por tanto, el mecanismo de la delación y denuncia), no lo es menos en lo relativo al concierto económico.

Mas ha renunciado ya a matizar que no se trata del concierto sino de un nuevo pacto fiscal. En plena campaña electoral, el líder nacionalista sostenía que su propuesta no requería de cambios constitucionales y era perfectamente asumible por el Estado. Ahora, parece admitir que su plan es inabordable sin una especie de «segunda transición» expresada en «La Vanguardia» como un «viraje» de la España autonómica hacia el «derecho a decidir». De lo contrario, la amenaza de una «ruptura» que demuestra que Mas está dispuesto a hacer tanto ruido como Ibarretxe y algo más que el tripartito, lastrado en la credibilidad de sus órdagos por la conexión socialista. Para ello despliega un proyecto incompatible con la estabilidad institucional en medio de un «tsunami» financiero, un verdadero rompecabezas para el Ejecutivo central a cambio de apoyos parlamentarios puntuales. La debilidad del Gobierno central es la clave que justifica la identificación del Partido Popular con el enemigo de Cataluña y la apelación al electorado catalán para que impida la mayoría absoluta del PP.