Las retribuciones «escandalosas» de CatalunyaCaixa llegan a juicio

La cúpula de la entidad está acusada de aprobar en enero y octubre de 2010 el aumento del salario de los directivos cuando CatalunyaCaixa ya estaba intervenida. Las dos reuniones del consejo sobre las que la Fiscalía sostiene su acusación se produjeron en 2010, año en el que la entidad había completado un ERE para más de mil trabajadores. En la primera reunión, en enero, el consejo aprobó aumentar el salario fijo y el variable de Todó y de otro directivo. En la segunda, octubre, previa inyección del FROB y ya aprobada la conversión en CatalunyaBanc , el consejo dictó un nuevo aumento para 2011. El rescate de CatalunyaCaixa tuvo un coste final para las arcas públicas de 12.676 millones, por delante del de Bankia.

En el caso de los sobresueldos, la Fiscalía hace un repaso en su escrito de la delicada situación por la que atravesaba la entidad cuando los mismos se aprobaron, calificando la política de retribuciones de "irresponsable", con indemnizaciones "escandalosas y millonarias".

La Fiscalía se fija de manera particular en Narcís Serra, presidente entre 2005 y 2010, borrando en unas pocas líneas de su escrito cualquier apariencia de cargo representativo o florero, recordando que presidía las comisiones y los consejos, por lo que recibía "elevados emolumentos" en forma de dietas, de entre 24.801 y 135.707 euros al año. A partir de 2007, pese a no ser perceptivo, se le asignó un sueldo de 175.000 euros anuales .

Por lo que respecta a Todó, en total, sumando fijo y variables, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012, a lo que se suman las aportaciones al plan de pensiones por importe de dos millones.

El caso de los sobresueldos no es el único al que deberá hacer frente la cúpula de CatalunyaCaixa. Ya en febrero la cúpula de la respondió también por el agujero de 720 millones por operaciones inmobiliarias fallidas en España, Polonia y Portugal entre 2000 y 2007. En ese caso, la descripción de la Fiscalía sobre cómo se desarrollaron las inversiones denota un proceder como mínimo temerario.

Prácticamente todas las operaciones se hicieron condicionadas a trámites urbanísticos de "resolución incierta", en muchos casos sin "valoraciones independientes" y "sin contrastar el precio demandado por los vendedores". Es decir, bastaba la "palabra del socio ", alguno de los cuales "había adquirido los activos" meses o incluso días antes.