Prenafeta reconoce que cobró comisiones y que defraudó 14,9 millones de euros

En su declaración en el juicio del caso Pretoria, Prenafeta ha admitido los hechos relatados en el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que se detalla las argucias de una trama que corrompió las actividades urbanísticas en tres municipios del área metropolitana de Barcelona (Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona) en la era de la burbuja inmobiliaria, entre 2001 y 2009. Prenafeta está acusado de usar sus contactos políticos, entre ellos Jordi Pujol y Artur Mas, para favorecer a la trama, dirigida por el antiguo diputado socialista del Parlamento catalán Luis Andrés García, alias «Luigi».

«Si yo hable con el señor Artur Mas fue para hacer un favor al señor Casamitjana», ha afirmado el acusado, en alusión a un empresario constructor históricamente ligado a la antigua Convergéncia . «A los amigos como Mas no puedo dejar de saludarles», ha añadido Prenafeta, quien ha cifrado las comisiones que cobró por esta labor en un 3 o 4 por ciento, el pago «habitual en el mercado», según ha declarado este martes.

La confesión de Prenafeta estaba condicionada por la declaración de su colega Macià Alavedra, consejero de Economía de la Generalitat de Jordi Pujol entre 1990 y 1997, quien reconoció las acusaciones que pesaban contra ambos: su función era encontrar compradores para los suelos recalificados de forma irregular en San Andrés de Llavaneras y Badalona, una misión por la que se repartían las comisiones. «Convinimos en dividirlo en tres partes», ha asegurado hoy la antigua mano derecha de Jordi Pujol.

Prenafeta ha mostrado su disposición a sufragar las multas solicitadas con todos sus bienes disponibles, un hecho al que la Fiscalía condiciona el pacto y la rebaja en la petición de prisión. El Ministerio Público considera, además, que Prenafeta utilizó un complejo entramado societario para defraudar las ganancias , que ocultó a la Hacienda Pública. La Fiscalía cifra los fondos que el acusado ocultó entre 2000 y 2007 en 14,9 millones de euros, de los que 637.80 euros proceden de los hechos investigados.