Juicio a la corrupción urbanística que lideró un exdiputado del PSC
La Fiscalía pide seis años de cárcel para dos antiguos altos cargos de Convergència de confianza de Jordi Pujol
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Iniciar sesiónLos empresarios sabían que debían pasar por la ventanilla de «Luigi» para conseguir alguna adjudicación pública. En tres municipios del área metropolitana de Barcelona – Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras –, una trama corrupta colonizó las operaciones urbanísticas en la ... época de las vacas gordas, entre los años 2001 y 2009, la era del ladrillo. La Audiencia Nacional comienza hoy a juzgar a once acusados por estos hechos en el juicio del caso Pretoria, en otra vista oral que implica a la política catalana.
«Luigi» era el antiguo diputado autonómico del Partido Socialista Catalán (PSC) Luis Andrés García Sáez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel por liderar la red que obtuvo «cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones» , sin ninguna justificación, al corromper los planes urbanísticos de Operación Pallaresa-Cubics, Operación Niesma y Operación Badalona, una por municipio.
El fraude pudo ascender a 45 millones, de los cuales al menos 5,9 fueron comisiones que se embolsó «Luigi».
Entre los restantes acusados hay dos ex altos cargos de la antigua Convergència, dos hombres de la máxima confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol : Lluis Prenafeta –que fue la mano derecha del «expresident» como secretario de la Presidencia de la Generalitat durante 1980 y 1990– y Maciá Alavedra , antiguo consejero de Economía de la Generalitat. El Ministerio Público pide para ambos seis años y diez meses de prisión.
La Fiscalía cifra en 14,9 millones de euros y 6 millones de euros el dinero ilícito que Prenafeta y Alavedra acumularon por sus labores delictivas. Según el Ministerio Público, utilizaron su «influencia» sobre determinados cargos públicos catalanes, en la actividad de la trama desplegada en San Andrés de Llavaneras y Badalona.
El lugarteniente de «Luigi» en estos propósitos fue el acusado Manuel Valera, quien figuró como administrador en la mayoría de las sociedades controladas por el primero, según el escrito de acusación de la Fiscalía . Valera se enfrenta a dos años y nueve meses de cárcel. En Santa Coloma de Gramanet , la corrupción la asumieron el antiguo alcalde Bartolomé Muñoz y su tercer teniente, Manuel Dobarco, ambos socialistas, quienes permitieron que «Luigi» se apropiara de las decisiones urbanísticas del consistorio.
Anticorrupción considera que los hechos relatados –la manipulación de las adjudicaciones públicas, el cobro de comisiones ilegales, la presión sobre los funcionarios implicados y la ocultación de las ganancias– constituye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales .
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