Mas necesitaría una donación de 5,8 millones para saldar el 9-N

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La Asamblea Nacional Catalana y Ómnium tienen en marcha una campaña de recaudación de fondos, denominada « caja solidaria » para que los políticos no pierdan su patrimonio personal. El pasado 26 de septiembre, cuando el Tribunal de Cuentas comunicó el acta de liquidación, ambas organizaciones soberanistas dijeron que ya estaban «a punto» de alcanzar los dos millones de euros. Su intención es llegar a los 5,25 que reclama el órgano fiscalizador, pero los impuestos que deberían pagar los beneficiarios de la donación disparan esa cantidad.

El el caso de Artur Mas, para que le queden los citados 2.105.314 euros «limpios» necesita una donación de 5.848.094,44 euros . Así se desprende de las tablas de la Agencia Tributaria de Cataluña (el impuesto de sucesiones y donaciones está transferido a las Autonomías). El tipo impositivo que tendría que abonar el presidente de la Generalitat ascendería a un 64 por cien de la donación. Es tan elevado porque no se podría aplicar ningún tipo de beneficio fiscal, como las donaciones de padres a hijos para la compra de vivienda.

Mas estaría sujeto al tipo impositivo máximo del impuesto de donaciones, el 34 por cien, que se aplica a partir de los 800.000 euros de donación. Esto serían casi dos millones de euros de los más de 5,8 de la donación.

Pero luego debe aplicar un coeficiente multiplicador «2», por pertenecer al «grupo IV: donantes «colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños», por lo que « no se aplica ninguna reducción por razón de parentesco ». Así lo establecen las tablas vigentes de la Generalitat.

De este modo, la cuota del 32% y 1,87 millones de euros pasa a convertirse en un 64% y 3,74 millones en impuestos. Según fiscalistas consultados por ABC, esta es la «única forma legal de trasferir ese dinero». Podrían intentarlo «a través de micropréstamos, pero sería un fraude de ley», alertan las mismas fuentes.

Además del expresidente catalán, el Tribunal de Cuentas reclama fianzas a su entonces vicepresidenta, Joana Ortega, a los exconsejeros Francesc Homs (Presidencia) e Irene Rigau (Enseñanza) y a otros cinco altos cargos con responsabilidades contables en el 9-N. Si alguno no cubre su parte, Hacienda embargaría el patrimonio de los demás, dado que se estableció responsabilidad solidaria.