Investigada la cúpula de los Bomberos de la Generalitat por hinchar facturas

«Entre 2010 y 2017 la cantidad presupuestada para la reparación de los camiones era cada vez menor, aunque el parque de vehículos era mayor. Con lo cual, cada año se iba asumiendo deuda que iba pasando al contrato siguiente y esto es lo que habría generado la servidumbre a una sola empresa y eliminado la ley de concurrencia en el concurso público», explica Antonio del Río, de UGT. La situación se agravó aún más en 2021, cuando el presupuesto para la reparación se agotó antes de verano, con la campaña forestal por delante. Fue entonces cuando saltaron las alarmas en el Departamento de Interior , y su titular, Miquel Sàmper (Junts), abrió una investigación que acabó remitiendo a la Fiscalía. Las pesquisas, tal y como detalló 'La Vanguardia', se han saldado con la imputación de siete cargos de Bomberos y el responsable de Iturri en Cataluña.

Se les investiga por delitos de corrupción, malversación, prevaricación y falsificación de documento público. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona sospecha que se produjo una gestión irregular del dinero público sostenida en el tiempo. Según indican desde IAC-CATAC, « la falta de control y supervisión sobre las facturas, así como el poco personal» para asumir estas tareas han podido ser uno de los motivos de las irregularidades a las que ahora apunta la juez.

« El sistema no es robusto para detectar estas prácticas. Ya habíamos manifestado en alguna ocasión que Iturri no cumplía como debía, pero nos decían que o no estaban obligados por contrato o que no podían por el gran volumen de trabajo », indican las mismas fuentes, que ejemplifican como se pudieron hinchar facturas: «En la mitad de los parques en los que la empresa realiza el mantenimiento muchas veces no hay ni personal, porque son de bomberos voluntarios, por tanto, no hay quien realice un seguimiento. Si a lo mejor se acumulaban varias averías, luego iban un solo día, pero han podido facturar diversos desplazamientos».

Fueron los servicios jurídicos de Interior los que detectaron «facturas presumiblemente fraudulentas », según detalló el propio Sàmper en Rac1. Tras impulsar una investigación interna, pedir explicaciones al director del servicio de extinción y no recibir una justificación convincente, decidió llevar el caso ante la Justicia. Pese a ello, el exconsejero desvinculó a cualquier funcionario de las presuntas irregularidades. No así los sindicatos. «No ponemos la mano en el fuego por nadie, esperaremos a ver lo que dice el juzgado», apunta desde CC.OO. Joan Viescas.

Tras la salida de Sàmper y la llegada de Joan Ignasi Elena (ERC) al Departamento, el pasado junio, se iniciaron los trámites para la resolución del contrato con Iturri y se impulsó una nueva licitación. «Parece ser que estas malas prácticas funcionaban desde hace mucho tiempo», admitió el titular de Interior. Por su parte, los sindicatos reclaman una auditoría para ver si las irregularidades detectadas responden a un caso aislado o se extienden más allá del servicio de reparación de vehículos.