La Generalitat presenta un recurso ante el Supremo para impedir la intervención de sus cuentas

El Gobierno acordó el viernes asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña -educación, sanidad, servicios sociales y nóminas, principalmente,- después de que el gobierno catalán se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum.

El sábado se publicó el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de forma que se puso en marcha el plazo de 48 horas dado por el Gobierno al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad respecto a gastos no esenciales.

Esta medida ha llevado al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, a acusar tanto hoy como ayer al Gobierno de «bloquear» partidas del presupuesto como las relacionadas con industria, ganadería, agricultura, cultura, deporte e incluso la renta garantizada de ciudadanía, que entraba en vigor el 15 de septiembre, ha dicho Junqueras.

El acuerdo publicado el sábado por el BOE precisa que quedan fuera de ese bloqueo presupuestario, además de los servicios públicos fundamentales, otros como los servicios de justicia, los penitenciarios, las carreteras, las infraestructuras ferroviarias, el transporte público de viajeros, la logística, la seguridad ciudadana y otros muchos programas presupuestarios considerados «prioritarios».

El ejecutivo catalán ha recurrido ante el Supremo porque entiende que el Gobierno español hace un uso «ilegal» de la ley de estabilidad financiera para aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución -el relacionado con la intervención de una comunidad- «por la puerta de atrás», según explicó el viernes el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès.