La Fiscalía investiga si Colau sufraga ilegalmente a organizaciones afines
Una entidad denuncia a la alcaldesa por usar la vía de la subvención para evitar concursos
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau
Desde 2007 la activista Ada Colau estuvo en nómina del Observatorio Desc. Cobraba 1.500 euros netos mensuales por trabajar para esta entidad de defensa de derechos humanos como coordinadora en materia de vivienda. Lo dejó en febrero de 2015 para presentarse ... a unas elecciones municipales que acabaría ganando. Venció su candidatura, y no salió mal parado tampoco el Observatorio Desc, subvencionado anualmente con partidas sobre las que ahora la Fiscalía ha puesto la lupa. Fuentes del Ministerio Público explican a ABC que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto ya una investigación, tras una denuncia de la entidad Abogados Catalanes por la Constitución, para averiguar si la alcaldesa regó a esa organización amiga con subvenciones ilegales anuales.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, además de a Colau, señala a otros cargos y excargos municipales: la concejala Laura Pérez, las exediles Laia Ortiz y Gala Pin, y la asesora municipal de vivienda Vanesa Valiño. También apunta a Irene Escorihuela, directora del Observatorio. Los Abogados Catalanes por la Constitución les atribuyen posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación . La Fiscalía, que ya ha incoado diligencias de investigación, tiene ahora seis meses para valorar si presenta una querella -o denuncia- o si archiva la causa en caso de no ver indicios delictivos.
Subvenciones a dedo
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado al Observatorio una serie de subvenciones anuales que los denunciantes ven claramente irregulares. El ejecutivo de Colau ha ido registrando estos pagos como «subvenciones extraordinarias», cuando, por su periodicidad, poco tenían de excepcional. Incluso el interventor municipal, ya en 2016, defendió que esos pagos debían enmarcarse como contratos y no como subvenciones, dado su carácter recurrente y anual. Los denunciantes creen que si Colau perpetuó la vía de la subvención fue para «evitar los controles propios de una licitación abierta o una concurrencia competitiva». Para dar a una entidad fondos públicos a través de subvenciones debe acreditarse circunstancias excepcionales o dificultades para una convocatoria pública. Para los denunciantes, este no es el caso del dinero con el que se nutría el Observatorio: se le conceden desde hace más de un lustro y, además, «es difícil sostener» que no haya ninguna otra ONG «con capacidad para desarrollar esa tarea».
Aunque el convenio se firmó con cuatro organizaciones -Observatorio Desc, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alianza contra la Pobreza Energética e Ingenieros sin Fronteras-, es el Observatorio quien ha ido recibiendo y gestionando las subvenciones. Según la propia web de la entidad, el convenio se firmó por primera vez en septiembre de 2014 -cuando Colau todavía no era alcaldesa y aún trabajaba para el Observatorio- y su cuantía era de 120.000 euros anuales, que esta organización usó para contratar a cuatro personas. Para los denunciantes, este destino es «muy cuestionable», pues se podría decir que el Ayuntamiento «paga los sueldos de los trabajadores del Observatorio Desc mediante una subvención excepcional», recogen en su escrito al fiscal.
La primera subvención se concedió en 2014 para trabajar en materia de 'derecho a la vivienda', y desde 2016 se cambió el concepto por el de 'derecho a la vivienda y energía'. El convenio recoge que el objetivo fundamental era el asesoramiento jurídico y social en el campo habitacional, algo que sería «más propio de profesionales colegiados de cada materia». según consideran los denunciantes. Recuerdan, además, que ya existe el Turno de Oficio, que da servicio gratuitamente al ciudadano. En cuanto al destino de las partidas, el convenio se limita a citar una serie de teóricas «buenas intenciones» y conceptos jurídicos «indeterminados», que «impiden conocer el contenido del proyecto». «No se aprecia inversión en vivienda social, ni en alquiler subvencionado, ni en protección propiamente dicha de colectivos desfavorecidos», lamentan en ese escrito que ya estudian los fiscales.
Asesores de okupas
Los Abogados Catalanes Constitucionalistas también ponen énfasis en que el Ayuntamiento con estas partidas estaría subvencionando materias para las que no tendría competencias, pues muchas de ellas serían de la Generalitat.
Además, señalan que el Desc, cuyos sueldos estaría pagando el Ayuntamiento a través de un convenio relacionado con el derecho a la vivienda, trabaja también en el extranjero -Perú, Mozambique o Jerusalén-, lo que «plantea serias dudas sobre el cumplimiento de unos fines de interés público» . Y hay otro polémico epígrafe en el convenio: el 'empoderamiento de las personas afectadas por la ocupación en precario, orientación básica e información sobre procedimientos judiciales'. Mientras la Fiscalía lucha contra la okupación-dice la denuncia-, el Ayuntamiento de Barcelona usa fondos públicos para «asesorar a los autores de tales conductas». La Fiscalía Provincial ya trabaja en ello.