Aplacemos el despliegue de la Lomloe

Y, al hilo de esta cuestión, querría centrarme en la Lomloe, la nueva ley educativa cuyos currículums el ministerio dio a conocer en marzo y que ahora las comunidades autónomas a duras penas consiguen desplegar. Quien siga las noticias que están apareciendo en la prensa habrá constatado el revuelo que está provocando la carga ideológica y la banalización del saber en los nuevos libros de texto, publicados de acuerdo con las directrices ministeriales. La cuestión es a qué viene tanta escandalera, si era evidente que la Lomloe era lo que propiciaba y las editoriales lo único que han hecho es entregarse a la causa. Pero parece que hasta que no vemos materializada una aberración no reaccionamos.

Lo fascinante es que, según ha revelado el periódico ABC, parece que entre los sorprendidos se encuentra la propia ministra de Educación, la Sra. Pilar Alegría, que ha destituido al secretario de Estado de Educación, el Sr. Alejandro Tiana, uno de los máximos responsables del despliegue de la ley Celaá. Pero si retrocedemos un poco, comprobaremos que se trata sólo de uno más de los últimos estertores de una ley caracterizada por los desaguisados constantes desde el inicio de su tramitación. Digámoslo con toda contundencia y sin ambages: esta nueva ley no gusta a nadie, ni siquiera a los votantes del partido que la ha promovido. La Lomloe sólo está consiguiendo éxito en una categoría: la de soliviantar a toda la comunidad educativa. Ninguna otra ley anterior ha conseguido batir sus récords. Actualmente sólo las políticas del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya pueden rivalizar con el ministerio en este terreno.

Hagamos memoria y vayamos por partes. Cuando el PSOE llega al gobierno hace cuatro años, se empieza a gestar una nueva ley de educación que tenía que corregir y mejorar la anterior del ministro Wert. ¿Fue aquella una buena ley? En absoluto. Su texto reflejaba una profunda desconexión con la realidad de las aulas y, entre otros despropósitos, promovía un enciclopedismo rancio, imposible de desplegar sobre el terreno. Pese a su loable voluntad de introducir rigor y exigencia, con sus itinerarios en el ámbito académico, erraba en la estrategia. Como en otras ocasiones, tuvieron que ser los ministros posteriores quienes desactivaran sus bombas de relojería, pero sobre todo quienes lo hicieron fueron los profesores en el aula y las direcciones de los centros, derrochando muchas horas en corregir los estropicios. Da la sensación de que nadie quiere hacerse cargo de ese sobreesfuerzo brutal, derivado de los efectos perversos de textos legales que se confeccionan ignorando a quienes tienen que aplicarlos.

Pero lo más grave de todo esto es que esta ha sido la historia de todas las leyes educativas españolas de la democracia, y ya llevamos ocho. Un partido que se alterna en el poder con otro le enmienda la plana, utilizando la educación como emblema ideológico de su particular forma de entender el país, orillando cualquier posibilidad de consenso con el adversario y de participación real de los actores implicados. Una vez aprobada, las editoriales se lanzan a la carrera por ofrecer textos innovadores y complacientes que cumplan con los requisitos legales para recibir el correspondiente plácet de las autoridades. Y los profesores y las direcciones de los centros que, tras derrochar muchas horas y buena voluntad, habían conseguido reconducir a niveles asumibles los desaguisados de la ley anterior, ven con desconcierto cómo han de volver a replanteárselo todo, si no quieren ser acusados de incumplidores de una legislación que les ha ignorado. A continuación la cascada de cambios se sucede en un clima de agitación, en el que las instrucciones confusas o contradictorias se solapan sin cesar, porque una cosa es el alarde ideológico y otra la gestión de los centros y la realidad de las aulas. Basta que esas leyes se tengan que concretar para que aparezcan los conflictos que ninguno de los supuestos expertos había calculado, ni querido ver, pese a las advertencias. Los que hemos ejercido la dirección sabemos mucho de este modus operandi del gran jefe de turno y, por cierto, la gestión de la pandemia también ha sido muy reveladora en ese sentido.

Cualquier nueva ley educativa, antes de ser aprobada, debería pasar el filtro de un comité de especialistas con oficio acreditado a pie de aula que sólo dieran su aprobación tras haber evaluado detenidamente los posibles efectos perversos de todos y cada uno de los nuevos textos legales. En este terreno, esa precaución no sólo es aconsejable, sino imprescindible, si no se quieren provocar catástrofes.

¿Qué planteo? Que pongamos fin ya de una vez a esta noria de despropósitos. Si la educación nos importa no podemos permitir que siga secuestrada por el juego partidista. España necesita una ley de educación consensuada y duradera, en la que su profesionales hayan sido tenidos en cuenta. Eso no ha ocurrido con las leyes anteriores, pero con la nueva ley menos que con ninguna otra. Se trata de un texto legal en el que a nivel pedagógico no se aporta nada realmente relevante, porque el enfoque competencial que promueve ya estaba recogido en los textos legales anteriores y, en cuanto a la flexibilidad académica que postula o a las posibilidades de innovación que abre, antes ya se había alcanzado antes absolutamente todo máximo razonable. Exacerbando más las cosas sólo se llega al despropósito y al ridículo, que es lo que propicia la Lomloe. Quien tenga dudas sobre lo que explico que analice los nuevos textos escolares publicados, en los que las apoteosis de la superficialidad y la devaluación del saber se mezclan con la tendenciosidad o el sectarismo descarado.

Forzando los delicados mimbres de la cesta solo se conseguirá romperla. Pero es que la Lomloe además de tensionar peligrosamente la estructura del edificio educativo, introduce con sus reales decretos posteriores la carga ideológica como ninguna otra ley anterior los ha hecho, llevando su delirio tan lejos que consigue perturbar gravemente la coherencia curricular de las materias. Hacer de la educación ambiental una directriz que ha de presidir cualquier contenido curricular; priorizar la perspectiva de género en un enfoque dogmático que guié la selección de contenidos y oriente el despliegue de cualquier materia, distorsionando y descontextualizando los conceptos; asociar la apelación a la memoria histórica a una formulación parcialmente selectiva y dirigista; primar el enfoque “afectivo emocional” de los Matemáticas; o difuminar la importancia de la secuenciación cronológica de la Historia nos son consignas fáciles de digerir y es lógico que provoquen estropicios, como ya estamos viendo.

Pero a este conjunto colosal de desaguisados se agrega otro despropósito especialmente grave que es el de publicar los desarrollos curriculares muy tarde, forzando a todos a trabajar sin garantías jurídicas si quieren cumplir con los plazos establecidos. El Real Decreto del Ministerio de enseñanzas mínimas es del 30 de marzo y las comunidades autónomas que han de partir de esa norma, no tiene más remedio que trabajar contra reloj y de manera precipitada para desplegar la parte curricular que les corresponde (50% en las comunidades con lengua propia y 40% en las que no la tienen). No olvidemos que la nueva normativa se ha de aplicar ¡ya el próximo mes de septiembre! Sin ir más lejos, a fecha de 7 de junio el Departament d’Educació de la Generalitat catalana ha comunicado a los centros que sus currículums definitivos hasta poco antes de que empiece el curso, esgrimiendo el retraso del ministerio. Pero entonces… ¿cómo se han publicado ya los libros de texto? Porque las editoriales no han tenido más remedio que arriesgarse a entrar en conflicto con los currículums finales, si no querían que sus productos llegaran tarde a los centros. Tal es el caos que algunas comunidades autónomas han decidido mantener los mismos libros de texto del curso pasado.

El escenario actual, por tanto, no puede ser más alarmante. Nos encontramos ante una ley de educación sin apoyo social ni de la comunidad educativa, que se está desplegando a trompicones y cuya confusa materialización no hace más que llevar a consumir y a dilapidar energías y recursos. Y todo esto ocurre en el último año de mandato de un gobierno en manos de unas fuerzas políticas cuyas posibilidades de no volver a ocupar el poder en la próxima legislatura aumentan día tras día según las encuestas. Si la educación de las generaciones futuras realmente importa, lo más prudente sería que en un gesto de responsabilidad el propio gobierno aprobara una larga moratoria para el despliegue de la ley y que, si se resiste a hacerlo, los demás partidos políticos y los agentes sociales se lo reclamaran.

Tras dos años agotadores de Covid, ni los alumnos, ni los docentes se merecen esta nueva y extenuante aventura que no augura nada bueno. Es evidente que más allá de las urgencias tácticas y partidistas no hay ninguna razón que la justifique y los españoles necesitamos que de una vez por todas la educación se aborde con delicadeza, rigor y voluntad de consenso.

Pero si finalmente el gobierno, convencido o no de las bondades de la ley Celaà, no da marcha atrás y la despliega de acuerdo con el calendario inicial, lo que yo preveo es un colosal fracaso, porque nadie se la va a acabar de tomar en serio, como tampoco nadie se tomó demasiado en serio la anterior. Lo que sí va a provocar es mucho fastidio, mucho trabajo inútil, y mucho fingimiento (cumplo y miento), quemando una vez más las ilusiones y las energías de unos docentes ya muy maltratados. No nos extrañemos si su respuesta es la resistencia pasiva, porque es la única vía que les dejan.

En su momento un PSOE grandilocuente anunció que "la nueva Lomloe constituye una gran apuesta por la igualdad y la calidad en la enseñanza y que mientras la derecha busca reproducir desigualdades", y los socialistas "acabar con ellas". Pero, lo cierto es que, salvo en el sector de la izquierda más oficialista, son multitud quien prevén que solo habrá un sector beneficiado por este ataque a la educación: el privado, porque muchos padres pensarán que sólo en la educación privada se podrá frenar algo tanto despropósito. Así de claro: la Lomloe es la principal afrenta sufrida por la educación en toda la democracia y el más grave ataque perpetrado a la enseñanza pública. Démosle un saludable reposo y luego ya se verá. ¡Moratoria ya!

Enrique Jimeno es profesor de Secundaria