Las empresas, el turismo y la convivencia, víctimas del «procés»

El pasado viernes, 2.621 empresas habían dejado su sede social en Cataluña para buscar otro punto de España, según datos del Colegio de Registradores. Una cifra que se cuenta solo desde el pasado 1 de octubre, cuando la Generalitat celebró el referéndum secesionista ilegal. De estas empresas, algunas ya han cambiado, también, la sede fiscal, paso previo a el cambio físico, que todavía no se da.

En paralelo, el turismo en Cataluña también está sufriendo las consecuencias de un proceso político desbocado . Solo quince días después del 1-O, Exceltur dio los datos del turismo español con un crecimiento menor (de un uno por ciento) del que se vivió en 2016 debido a la caída de las reservas de un 20 por ciento en Cataluña.

Una coyuntura política que afecta a todos los ámbitos de la vida y que tendrá que evaluarse incluso el coste de impedir la consulta del 1-O; por ejemplo, solo el traslado de los miles de policías y guardias civiles a Cataluña desde otros puntos supone un sobrecoste al herario público. Una primera estimación oficial del Gobierno fijó este coste en más de 31 millones de euros. Está por ver el monto final.

Pero si hay un gran coste por encima de todos los tangibles, y que tiene más difícil reparación, este es el de la ruptura de la convivencia . La exacerbada crispación política se ha trasladado a ámbitos que hasta ahora jamás estaban en tensión por «la política».

Familias y compañeros de trabajo que no hablan de determinados asuntos -en el mejor de los casos-, entidades sociales alertando de división social o los obispos preocupados. Ayer, en Cope, la situación catalana la definió Fernando Savater: «El separatismo trata de destruir la convivencia democrática y eso es intolerable».