Directores de geriátricos llevan el impago de la Generalitat a la Fiscalía

Según Andrés Rueda, director de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), que agrupa a unos 300 directores de asilos, el riesgo es especialmente grave para las personas altamente dependientes ingresadas porque "previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales".

En su escrito a la Fiscalía, los directores de los geriátricos consideran que "es una situación de verdadera alarma social", y advierten que el impago de la Generalitat de los conciertos de las plazas asistenciales de ancianos, discapacitados y drogodependientes imposibilita garantizar los derechos establecidos en la ley de Servicios Sociales de Cataluña y del decreto 284/1996 que regula el sistema catalán de asistencia social.

Según Rueda, la comunicación preventiva a la fiscalía de los directores de asilos se produce porque e ll os tienen la tutela legal de asistencia y cuidado de los ancianos y el impago anunciado por la Generalitat "imposibilitará garantizar los derechos" de los residentes recogidos en las leyes vigentes, en las que también se establecen las funciones de los directores.

En su escrito al fiscal, la Ascad también le informa de que la Generalitat no ha comunicado directamente a los ancianos que tienen reconocida su dependencia y que son los que reciben el concierto o ayuda establecida en esta ley, aunque luego lo cobre la residencia porque tienen "endosado" el cobro de las prestaciones públicas.

"La situación de impago provoca rápidamente y de hecho una agresión a la persona, ya que la mayoría de los centros son pequeñas empresas con rotaciones muy ajustadas y la ruptura de su círculo económico tiene como resultado una transgresión y disfunción del plan asistencial", ha señalado Rueda.

Los directores de los asilos también han comunicado a la Fiscalía un "plan de choque y emergencia" para paliar la situación.

El plan consiste en informar a las familias de que las partidas económicas para cubrir las plazas no llegarán este mes y darles a elegir entre hacerse cargo de su familiar residente trasladándole temporalmente a su domicilio hasta que la situación se normalice o que asuman y avancen los importes de los diferenciales económicos hasta que se normalice la situación.

Según Rueda, el traslado de los residentes "es una situación crítica para familias y ancianos, especialmente para los que tienen una alta dependencia, ya que les imposibilita para una atención mínimamente digna en sus hogares".

Por ello, "notificamos a la Fiscalía la real situación de impago, para que actúe en defensa de los residentes desamparados".

El presidente de Ascad asegura que desde la dirección de los geriátricos se ponen al lado de los residentes y por eso "no queremos ni debemos asumir una situación de responsabilidades que no podemos garantizar o satisfacer convirtiéndonos, si lo hacemos, en cómplices por forzarnos a un abandono asistencial y vulneración consciente de la Ley por parte de la administración".

"Cuando hablamos de dependencia, especialmente de ancianos institucionalizados, hablamos de personas sumamente frágiles con riesgos de morbilidad muy altos, con lo que situaciones de previsible déficit asistencial como estas someten estados de vida frágiles a situaciones comprometidas", explica la Ascad.

Esta asociación también opina que "es función de los políticos priorizar la atención de las necesidades de los ciudadanos" y que "hay muchos otros ámbitos en los que efectuar recortes que están en el pensamiento de todos y con repercusión menos vital".