Deterioro político

A mi modo de ver, la incapacidad de la clase política para conseguir investir un Presidente del Gobierno viene determinada, en gran medida, por dos fenómenos que han deteriorado la política española en los últimos años: la ruptura del consenso sobre el que se articuló la transición y la Constitución de 1978 (alentada de manera irresponsable por Rodríguez Zapatero), y la degeneración del Estado de partidos en partitocracia.

En primer lugar, me parece que la inquina con la que desde el PSOE se observa al PP -que llega al punto de plantearse gobernar con la extrema izquierda y los separatistas de diverso cuño que quieren romper España violentando el Estado de Derecho- no puede desligarse de la impugnación de las bases del régimen constitucional efectuada por Rodríguez Zapatero. En efecto, si la legitimidad política debía buscarse en la II República y no en la transición, si en lugar de la reconciliación de las dos Españas la prioridad política pasaba por reivindidar únicamente una de ellas, si la ley debía expulsar de las calles (de la misma Historia, casi) a quienes hubieran tenido algo que ver con el Régimen de Franco (aunque hubiera sido reformándolo para que fuera posible la reforma sin violencia), e incluso la misma Nación era un concepto discutido y discutible... entonces es lógico que acabe surgiendo una izquierda radical ante la cual los actuales dirigentes del PSOE, con un complejo de inferioridad tremendo, sean incapaces de argumentar que por el bien de todos llegan a un acuerdo con el Partido Popular.

En segundo término y como es notorio, las estructuras de los partidos han devenido grupos oligárquicos que han colonizado todos los ámbitos de la vida pública, y en los que el debate interno y la participación de los militantes brilla por su ausencia. Aunque los medios publican con frecuencia que dentro de los principales partidos hay personas destacadas descontentas con el respectivo liderazgo, en ningún foro partidista se plantean debates que vayan más allá de la aclamación del líder. De tal manera que las cuestiones personales de los líderes pasan por encima de la política de acuerdos que necesita España.

Uno de los mejores constitucionalistas alemanes, Konrad Hesse, escribió hace tiempo que el Derecho constitucional tiene una garantía inmanente; a diferencia de otras ramas del Derecho, cuyo cumplimiento por parte de sus destinanarios principales está garantizado por el aparato estatal, el cumplimiento del Derecho constitucional por sus destinarios principales, que son los políticos, queda en cierto modo a voluntad de estos: por mucho que sea el deterioro institucional que origine la situación presente, poco se puede hacer si no reacciona nuestra clase política.

A los ciudadanos nos queda hacerles ver que su irresponsabilidad, además de poner en riesgo el Estado, puede acabar con su carrera política. Quizá así aprendan y quizá, entonces, pueda salir algún bien de unas terceras elecciones.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la UAO