Asociaciones de consumidores y usuarios, reforma necesaria

Nadie discute que las asociaciones de consumidores y usuarios son necesarias y positivas, dado que son un instrumento que dota de efectividad las normas que protegen a los consumidores y usuarios. Que los consumidores puedan organizarse e incluso a acudir a asociaciones que estén dispuestas a defender sus intereses, bien colectivamente, bien individualmente, es un objetivo loable, perseguido no sólo por nuestro ordenamiento jurídico, sino también por el europeo.

Ahora bien, una obra de teatro no sólo se escribe, sino que hay que ponerla en un escenario. Esto es, no sirve de nada que se diseñe un sistema para que las asociaciones de consumidores y usuarios tengan atribuidas funciones sociales, si ese diseño no tiene en cuenta las realidades que tozudamente aparecen cada vez que una idea se pone en marcha —algo que ocurre reiteradamente en Europa, movida por el excesivo idealismo, contrastando con la mentalidad estadounidense, que desprecia aquellas ideas que no se pueden poner en la práctica—, y que hace que un proyecto fracase. Tanto a nivel Español como Europeo se debe necesariamente analizar el papel realmente jugado por las asociaciones de consumidores y qué ajustes deben hacerse en el sistema para que no vuelva a darse una situación como la de Ausbanc o para que no se transformen en una especie de empresas que únicamente se mueven allá donde hay dinero.

Hay asociaciones que han tenido un gran éxito, y hacen grandes demostraciones de manejar importantes fondos, muy por encima de los esperado para una asociación de este tipo, que curiosamente sólo aparecen en defensa de consumidores en casos donde se puede obtener dinero —reclamaciones contra bancos por productos de inversión y cláusulas abusivas en contratos bancarios—; contrastando su sonora ausencia en casos en que no hay dinero donde obtener, como sucede con los consumidores que tienen que enfrentarse en un procedimiento de ejecución por impago. Esto es, asociaciones que escogen el tipo de consumidor al que defender sólo sobre la base de la rentabilidad del asunto. Otras asociaciones no son más que estructuras creadas por algún abogado que sólo sirven para interponer procedimientos y que no van más allá que una máscara a un despacho de abogados. Con el agravante que muchas de ellas reciben subvenciones de organismos públicos u otros beneficios, sin que quede claro qué función social hacen y que incluso, pueden constituir, una fuente de corrupción.

No parece que el sistema pueda permitirse otro Ausbanc ni situaciones como las que he descrito, y por tanto se debe comenzar a actuar para controlar los ingresos y la actividad de estas asociaciones. No podemos permitirnos que una asociación de consumidores no justifique claramente de dónde obtiene sus ingresos. Y créanme, no tienen procedencia sólo en las cuotas de los asociados y en las subvenciones, sino que tienen origen en otras fuentes, como parte de las costas cobradas en asuntos judiciales que teóricamente son honorarios de letrado, porcentaje cobrado a modo de impuesto revolucionario —con las implicaciones fiscales que eso debe tener, porque si una asociación comienza a ser una empresa generadora de beneficios, o bien justifica «el destino social» de los fondos, o debe abonar impuestos, justamente para que se puedan hacer «políticas sociales»—.

Tampoco podemos permitir que las asociaciones discrimen a los consumidores sobre la base de la rentabilidad del caso, dejando fuera justamente a los consumidores que más protección y ayuda necesitan —por ejemplo, una familia a la que ejecutan su hipoteca, que normalmente queda desamparado, porque su caso no va a dar dinero—. No podemos investir con un velo de santidad a asociaciones de consumidores que después actúan a su libre albedrío movidas por el vil metal. En la Roma republicana, el tribuno de la plebe estaba investido de la santidad tribunicia, lo que lo hacía inviolable en la ciudad. Ahora bien, tenía una clara contrapartida: estaba obligado a tener siempre su casa abierta y a todas para que cualquier plebeyo de la ciudad pudiese acudir a él a pedirse su intervención. Y ese modelo tan sencillo a la par que justo, debería ser exigido a estas asociaciones: una casa abierta para todo el mundo sin tener que aportar un certificado de rentabilidad.

En conclusión: es necesario establecer un sistema legal y de control que garantice la transparencia de los ingresos y las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios, que garanticen que su actuación sea conforme a sus objetivos sociales. Basta ya de «chiringuitos».

David Viladecans Jiménez es director de la asesoría jurídica de Tecnotramit