Cataluña deja de exigir el inglés en las universidades mientras refuerza el catalán en los campus

Según informó la Generalitat en un comunicado, el nuevo decreto ley establece que los estudiantes que empiecen la carrera en el curso 2021-2022 verán «flexibilizados» los criterios en el nivel de exigencia. Ya no se pedriá un nivel B2 (el conocido First Certificate en inglés) y será cada centro el que, en función de su «autonomía universitaria», marque lo que exige a sus estudiantes para darles la titulación. La decisión llega tras años de críticas de facultades y estudiantes, muchos de los cuales terminaban su formación sin el nivel de lengua extranjera que les permitía obtener el título, hecho que obligó a retrasar repetidamente la aplicación de la norma diseñada por CiU hace siete años.

La nueva regulación se aplicará también de manera retroactiva a los estudiantes que iniciaron los estudios de grado desde el curso 2018-2019. «El decreto facilitará que cada universidad pueda establecer las vías que considere más adecuadas , teniendo en cuenta la situación específica de sus facultades y centros, para que sus estudiantes tengan más opciones de demostrar los conocimientos y competencias en terceras lenguas», explicó el Departamento de Universidades (controlado por Junts) en una nota en la que se maquillaba esta rebaja de la exigencia como una «flexibilización».

Esta decisión, que a la práctica desdibuja la obligatoriedad del conocimiento del inglés en las universidades, llega en un momento en el que el Govern trabaja para impulsar el uso del catalán en los campus. Tal y como publicó recientemente ABC, la Generalitat acordó este mes de septiembre con las doce universidades públicas catalanas fiscalizar por primera vez el uso de las lenguas en la docencia universitaria. En concreto, el Govern quiere realizar un seguimiento semestral para garantizar que se impartan las asignaturas en la lengua que consta en el plan de docencia.

Según las nuevas instrucciones del Gobierno catalán, las universidades deberán elaborar informes cada seis meses que entregarán a la Consejería, donde se recogerán todas las incidencias que se produzcan sobre cambios en la lengua de docencia. La Generalitat quiere que las clases universitarias se impartan en la lengua que aparece en los planes y no haya cambios de última hora para «garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos», dejando así a los profesores poco margen para improvisar el idioma en el que imparten sus clases.