Reabren la causa contra Ada Colau por subvenciones a entidades afines

El tribunal ordena así que prosiga la investigación por los supuestos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que se presentaron con la alcaldesa. En el nuevo fallo, y otorgando veracidad a los argumentos de la entidad denunciante, la sección quinta recuerda la histórica vinculación de la alcaldesa con algunas de las organizaciones beneficiarias de las ayudas municipales, particularmente el Observatorio Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), del que Colau fue asalariada, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como fundadora, presidenta y portavoz entre 2009 y 2014.

Pese a la declaración de la interventora durante la instrucción, que señaló que nunca observó conducta en la alcaldesa conductas más allá de «meras irregularidades, pero que nunca trascenderían al ámbito penal», la Justicia ordena proseguir con la causa, que se reabre a medio año para las elecciones municipales.

En su denuncia, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática apuntaba que Colau firmó de forma arbitraria, discrecional y recurrente, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, una serie de ayudas y acuerdos económicos, añadían, con el único objeto de financiar los puestos de trabajo, las actividades y el funcionamiento de diversas entidades afines a Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa.

Según la acusación, el sistema de financiación presuntamente irregular, establecido desde el Ayuntamiento de Barcelona, consistía en la aprobación de convenios, contratos menores y subvenciones directas a las entidades mencionadas para redactar estudios e informes que, en apariencia, no tenían nada que ver con las competencias del consistorio, por ejemplo, relacionados con asuntos sociales en Perú o Mozambique, entre otros países.

En su momento, y para reclamar el archivo, el Ministerio público consideraba en mayo que «la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento de Barcelona», no tenía ni «fundamento» ni «justificación».

En su escrito, el fiscal apuntó que desde el inicio de su mandato, Colau decidió delegar la competencia de concesión de subvenciones en los órganos administrativos de las diferentes áreas y gerencias, y que las comisiones investigadas las aprobó, por unanimidad, la Comisión de Gobierno.

La denuncia que ahora se seguirá investigando se produce después de que en julio de 2021 la Fiscalía archivase otra registrada por Abogados Catalanes por la Constitución señalando la misma línea presuntamente delictiva (subvenciones otorgadas de manera irregular a entidades afines de los comunes). La denuncia ante Fiscalía se presentó en marzo de 2021, tal y como avanzó este diario en su momento, y cuatro meses después el Ministerio Fiscal daba carpetazo al asunto.