La Fiscalía reprochó a Colau que no se abstuviera al dar ayudas a entidades afines

En este caso, la querella la presenta la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, una denuncia ahora admitida y que llega después de que el pasado mes de marzo se presentase, en este caso ante la Fiscalía Provincial de Barcelona, una denuncia por los mismos hechos. El archivo, cuatro meses después, por parte del ministerio fiscal de esta denuncia, presentada por la entidad Abogados Catalanes por la Constitución, ha llevado ahora a la alcaldesa a descalificar el actual procedimiento . Pese a que la Fiscalía consideró entonces que no había causa para llevar el caso a la jurisdicción penal, en su auto de archivo sí fue contundente al señalar las irregularidades, también apuntadas por la intervención municipal, a la hora de tramitar los expedientes.

En concreto, la Fiscalía fue clara al apuntar que tanto Ada Colau como el resto de ediles denunciados vulneraron el artículo 23 de la ley del Régimen jurídico del sector público que impone el «deber de abstención» de las autoridades y el personal de la administración en aquellas decisiones que afecten a personas, sociedades o entidades con las que tengan una relación. En particular, apunta la ley, si han tenido «relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». Resulta obvio que tales son las circunstancias que concurren en el caso de Colau y sus concejales.

«Es de público conocimiento la relación de los denunciados con todas o algunas de las entidades receptoras de las subvenciones analizadas », apunta la Fiscalía en relación a la citada Colau y a los exediles incluidos en la denuncia, entre otros los ahora con altas responsabilidades en el Congreso en la órbita de los comunes Gerardo Pisarello o Jaume Asens. «Ada Colau tuvo relación con el Observatorio de derechos económicos, sociales y culturales (Desc) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que fue portavoz durante cinco años; Gerardo Pisarello fue miembro de Desc y colaborador de la PAH; Jaume Asens fue miembro de Desc...», prosigue la Fiscalía certificando la relación entre los denunciados y las entidades sospechosas de recibir subvenciones a dedo, entre las que también están la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingeniería sin Fronteras (ESF)

Para el ministerio fiscal, los ediles que cumpliesen la doble condición de miembros del gobierno municipal y colaboradores de las entidades «deberían haber acatado el deber de abstención». Pese a ello, y en contra del criterio de la entidad denunciante, «el incumplimiento del esperable deber de abstención (...) no abre la puerta, sin más, al derecho penal», apuntando la Fiscalía que debería ser la jurisdicción contencioso-administrativa la responsable de controlar la actuación del gobierno municipal.

Tanto en la denuncia presentada en marzo ante la Fiscalía como la querella admitida ahora a trámite, se cuestiona el concepto de «interés público» en relación a las subvenciones otorgadas, ya que, aseguran los denunciantes, la práctica totalidad de las ayudas se emplea en costes de organización y sueldos de los empleados, generando en realidad una contratación encubierta y continuada. Del mismo modo, y sobre esta base, el concepto de «interés público» se pone aún más en cuestión si se atiende a las actividades de los beneficiarios, se apunta en las denuncias. Entre estos objetivos en los que trajaban las entidades estarían: la vulneración de derechos humanos en Jerusalén, el fortalecimiento de capacidades organizativas e incidencia La Toglla-Quito, el fortalecimiento de capacidades en la provincia de Inhambane (Mozambique), el desarrollo de metodologías participativas para el empoderamiento ciudadano basado en la mejora de la red de mercados municipales de esta misma ciudad africana, o el compost y educación ambiental en Maputo, a cargo de ESF.

Ante estas denuncias, la alcaldesa Ada Colau ha reaccionado asegurando que estas tienen una naturaleza política, al apuntar que lo único que se conoce de la entidad denunciante, la ATCD, es que en su momento presentó enmiendas contra el reglamento de participación para la municipalización del agua y que interpuso una querella al Ayuntamiento de Valladolid por el mismo motivo. Enmarcaba pues Colau la denuncia en el marco de la guerra abierta que libra el Ayuntamiento de Barcelona con la sociedad Agbar por su pretensión, fallida, de lograr la munici- palización del servicio de abastecimiento del agua en Barcelona, una de las banderas de su mandato.