Hacienda hace del impuesto de matriculaciones el banco de pruebas del concierto catalán

El de matriculaciones es un impuesto menor -136 millones de euros y 169.000 sujetos pasivos en la última campaña- que ahora se recaudará de manera conjunta, de modo que tanto la Agencia Tributaria estatal como la catalana «trabajarán en red» y comprobarán si esta fórmula puede extenderse a otros tributos. Podría ser una fórmula, aunque sin concretar, que alcanzase también la recaudación del IRPF del ejercicio de 2025, que debería asumir la administración catalana.

«Es un impuesto menor, que se podría haber transferido a Cataluña sin problemas, pero hemos preferido está fórmula», ha explicado la consejera de Economía catalana, Alícia Romero, al concluir la reunión de la comisión mixta de asuntos económicos entre Estado y Generalitat celebrada hoy en Barcelona, y que culmina la serie de bilaterales con las que en esta semana se ha concretado una nueva serie de traspasos a la Generalitat.

Tanto Romero como el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, han precisado que se trata de una «prueba de gestión compartida, en red», que permitirá a los ciudadanos presentar la declaración ante las dos administraciones, en tanto que la agencia estatal dará acceso a la catalana a su plataforma, compartiendo «información, aplicaciones informáticas y los procedimientos». Posteriormente, se verá si esa prueba «puede extenderse a otros impuestos». El convenio, que tendrán que firmar las dos agencias para desarrollar este modelo de gestión compartida, prevé cuatro fases: designación de funcionarios de la ATC y su formación; fase de actuaciones preparatorias; desarrollo informático, e implantación compartida.

Además del anuncio del «ensayo» en el impuesto de matriculaciones, la comisión mixta ha confirmado la mayor implicación de la Agencia Tributaria catalana ya en la próxima campaña del IRPF, y se ha comenzado a concretar los acuerdos alcanzados en las bilateral de traspasos de esta semana. Así, han comenzado ya los trámites que culminarán en la asunción por parte del Estado de 17.104 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tal y como se anunció el lunes y se concretó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles.

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En la misma comisión mixta se ha comenzado a trabajar también en la fórmula que debe permitir la financiación del aumento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 agentes en 2030, así como su calendario concreto. En cuanto a Rodalies, se ha acordado la transferencia a la Generalitat de 25,6 millones de euros para cubrir la deuda pendiente de Renfe en concepto del Pla d'Acció de Rodalies del ejercicio 2024.

Además, también se ha acordado poner en marcha el grupo de trabajo que analizará la creación del consorcio de inversiones Gobierno-Generalitat anunciado el lunes en la Comisión Bilateral, que deberá terminar sus trabajos a finales de 2025. Se ha fijado una aportación anual del Estado a la Generalitat de 2,1 millones de euros para cubrir el coste asociado a la gestión de las becas, importe que se actualizará en base al IPC.