«Pedimos que juzguen a Oukabir y Houli por los atentados»

El tribunal apuntó entonces que los autores materiales de los atropellos fueron abatidos y rechazó así atribuir los asesinatos y lesiones a los procesados. Una decisión que causó malestar entre el grueso de afectados. Pese a ello, los agrupados bajo el paraguas de la Unidad de Atención a las Víctimas del Terrorismo (Uavat) rechazaron interponer un nuevo recurso. Sí lo hizo el padre del niño de Rubí asesinado en La Rambla, y también el sindicato de los Mossos que abatieron a los terroristas, Uspac. «Pedimos que juzguen a Oukabir y Houli por los atentados», explica a este diario su letrado, José Antonio Bitos. Un reclamo que mantiene desde que recurrió el auto de procesamiento, que excluyó la acusación por asesinato, consumado y en grado de tentativa, así como de lesiones de índole terrorista.

Pese a que fueron varias las acusaciones que así lo solicitaron, la Sala de lo Penal lo rechazó. También desestimó el recurso contra la sentencia, y por ello el abogado formalizó otro de casación ante el Tribunal Supremo, que el próximo 15 de noviembre celebrará una vista para revisar el fallo de la Audiencia Nacional. «Queremos que se sienten en el banquillo por lo ocurrido en Barcelona y Cambrils, no es suficiente que se les condene por pertenencia a organización terrorista o colaboración. No puede ser que la persona que facilita una furgoneta para cometer un atentado salga indemne porque en vez de en el Camp Nou se lleve a cabo en La Rambla. Driss la alquiló, eso está acreditado en la sentencia, igual que formaba parte de la célula de Ripoll. El ataque se perpetró y considero que debería ser condenado por ello», apunta Bitos.

La petición conllevaría anular el fallo, para juzgarlos de nuevo y determinar así su grado de implicación en los atropellos. «Después, ya se verá si eran o no responsables, o si se arrepintieron o no en el último momento, pero esto tendremos que verlo en un juzgado. No puede ser que se cierre en falso, como ocurrió con la instrucción», reprocha el abogado. Algo que ya hizo durante su informe final durante el juicio, en febrero de 2021. «Las víctimas reclaman plena justicia, no cerrar en falso el procedimiento y limitarnos a la madrugada del día 16 –con la explosión de Alcanar– como si lo demás no existiera», expuso entonces.

La paradoja de la sentencia es que el tribunal, a pesar de no haber juzgado a los acusados por los ataques, sí reconoció a 355 víctimas de los mismos. También que la instrucción había sido «nefasta», sostiene Bitos. «¿Si los hechos –enjuiciados– acaban el 16 de agosto, ¿cómo se pronuncian sobre el resto?», cuestiona.

Al haberlo recurrido, el fallo no es firme, por lo que, seis años después de los atentados, el Ministerio del Interior solo ha indemnizado a un tercera parte de las víctimas. Es decir, 132 del total –lo que supone dos más que en 2022–, según los datos que han facilitado a ABC desde la cartera de Grande-Marlaska. De los 216 afectados que reclamaron algún tipo de ayuda al Gobierno, la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo (Dgavat) ha desestimado 84 expedientes. Entre otros supuestos, por estar fuera del plazo de un año para reclamar –tal y como fija la ley 29/2011– o porque los afectados no se encontraban en la «trayectoria de la furgoneta» (aunque hayan sufrido lesiones al haber sido arrollados por la avalancha para huir de la misma, o sufrir estrés postraumático por haberse encontrado a pocos metros de la masacre o auxiliado a heridos).

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Cuestionados por, si una vez la sentencia sea firme, indemnizarán a todos los afectados, desde Interior se limitan a indicar que «se arbitrarán todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al fallo e indemnizar a las víctimas de los atentados en los términos que se establezca».

Lo cierto es que, como apunta Roberto Manrique, presidente de la ya extinta Uavat –aunque no han dejado de apoyar a los afectados– «durante todo este tiempo, las víctimas han estado abandonadas». Fue la propia entidad la que se encargó de localizarlas e informarles de sus derechos, para reclamar las preceptivas ayudas. No consiguieron localizarlos a todos. Como ejemplo, Manrique pone el caso de una joven belga, Caroline, que sí reconoce el fallo de la Audiencia Nacional, aunque se enteró cuando regresó a Barcelona, años después del 17A, para uno de los homenajes. Nadie se había puesto en contacto con ella.

Roberto, superviviente del atentado de Hipercor, lamenta que, más allá de la utilización con fines partidistas de los afectados, se ha avanzado poco para apoyarlos. La asociación decidió no recurrir al Supremo para no postergar las indemnizaciones –a la espera de que el fallo sea firme–. A pesar de ello, tendrán que seguir esperando a que el tribunal se pronuncie sobre sendos recursos. Unos escritos que harán que, en principio, Houli y Oukabir –al que Interior acordó expulsar a Marruecos–, tengan que acudir a la vista ante el tribunal. También el tercer condenado, Said Ben Iazza, ya en libertad condicional.