Las ocho 'carpetas calientes' de Pedro Sánchez con Junts

Casi seis años y medio después de su llegada a la Moncloa, Sánchez está atrapado entre los entresijos de los profesionales que protagonizaron el 'procés' y que alimentó cuando estaban derrotados. Carles Puigdemont (Junts) y Oriol Junqueras (ERC) fracasaron en su intento de separar Cataluña del conjunto del país, pero tienen la fuerza política suficiente como para, secretario general mediante, aprovechar la debilidad del PSOE y ver colmadas, si no todas, gran parte de sus demandas nacionalistas.

De esta manera se entienden mejor los acuerdos firmados por los socialistas con Junts y ERC para la investidura de Sánchez en 2023, así como los pactos para que Francina Armengol (PSOE) fuera elegida presidenta del Congreso y, después, el verano pasado, Salvador Illa (PSC) se hiciera con la Generalitat, una negociación para un ejecutivo autonómico, que concluyó, por primera vez, en un mandato, no solo para el Ejecutivo y la Cámara Baja, sino también para las arcas públicas del resto de regiones.

Con este camino de piedras, Sánchez arranca 2025 en la mayor de las inestabilidades. Junts y ERC compiten para ver quién de los dos partidos consigue más cosas del Ejecutivo -un coste que asumen las instituciones y los ciudadanos, para beneficio de los socialistas-. Así se ha llegado al (pen)último ultimátum de Junts: la petición de una cuestión de confianza. Pero es solo la consecuencia del incumplimiento, según Puigdemont y Junqueras, de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno. Son ocho 'carpetas calientes' que sus socios independentistas le exigen se cierren cuanto antes.

Inmigración. Se acordó que antes del 31 de diciembre de 2014 estaría traspasada la gestión integral a la Generalitat de Cataluña. El Govern controlaría los flujos migratorios y, en la reivindicación de Junts, se incluye la expedición de permisos de residencia y los documentos a extranjeros.

Ampliar competencias en aeropuertos y puertos. Está acordado pero no ejecutado. La decisión daría competencias a la policía autonómica en materia de fronteras.

Junts quiere que Sánchez asuma «la amnistía política» escenificada en una reunión en Bélgica para tratar los asuntos pendientes y, sobre todo, la reclamación de un referéndum de independencia para Cataluña. También la foto entre ambos, ante o después de la reunión, al más puro estilo de encuentro diplomático entre dos representantes de dos países.

El independentismo quiere que se cumplan los presupuestos de 2023, prorrogados en 2024, antes de sentarse a hablar de las cuentas de 2025. La exigencia se basa en que el Gobierno presupuesta unas cuentas que luego no ejecuta en parte. Según los cálculos de los de Puigdemont, el Ejecutivo del PSOE solo aplica entre el 40 y el 50% de lo planificado para Cataluña. Y en el último lustro la factura ascendería a más de 4.000 millones de euros.

Esta es una concesión del PSOE a ERC para la investidura de Sánchez en 2023 y a la que Junts se sumó después. Los socialistas creyeron que cediendo ante ERC, Junts no subiría la apuesta. La idea es que el Estado reparta la deuda de las CCAA firmada a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) entre toda España. Cataluña se libraría del 20% de la deuda con el FLA.

Al ser este un pacto entre el PSC y ERC para que Illa pudiera acceder a la Generalitat, Junts no suele poner sobre la mesa, pero sñí figura en el llamado acuerdo de Bruselas. La única diferencia de los de Puigdemont con Illa es que Junts no quiere asumir una cuota de solidaridad, que mientras gobierne el PSC se negociaría teniendo la llave de la caja de la recaudación la Generalitat.

Según Junts, el Gobierno no ha hecho lo suficiente para que el catalán sea considerado oficial exactamente en las mismas condiciones que el español. Para los ciudadanos catalanohablantes no habría grandes diferencias y el coste de la iniciativa correrá a cargo de España. Pero para que se materialice, todos los Estados miembros deben dar su visto bueno. Si se abre la puerta a las lenguas regionales, la Unión Europea podría convertirse en una fuente de conflictos lingüísticos. Pero, en cualquier caso, el Gobierno ha dado todos los pasos que están en sus manos para la oficialidad.

Depende del Ministerio del Interior y supondría autorizar a agentes de los Mossos d'Esquadra a actuar fuera de España como policía nacional regularmente. Es una reclamación de Junts que se planteó antes de las elecciones de 2023.