El exalcalde de Badalona Rubén Guijarro, a juicio por un delito urbanístico

Junto a este, se sentarán en el banquillo otros dos acusados, quien fuera responsable del Servicio de Disciplina Urbanística y el jefe jurídico de Urbanismo del consistorio de Badalona entre 2018 y 2019. El Ministerio público también solicita para ellos una condena de cuatros años y un día de cárcel. La Fiscalía de Medioambiente cree que todos ellos evitaron perseguir a los responsables de varias construcciones ilegales pese a que los Agentes Rurales habían certificado que se habían realizado en parcelas protegidas de la Serralada de Marina -como recoge el plan de espacios de interés natural- .

Así, el Ministerio público apunta que las obras se llevaron a cabo en fincas «especialmente protegidas» por la normativa urbanística, y puntualiza que dichas parcelas no permitían usos residenciales ni recreativos, entre otras restricciones, «por su valor natural». En el escrito detallan que se han identificado varias tipologías de vivienda en parcelas donde la calificación de los terrenos no lo permite, y que se habían construido de manera «totalmente contraria a la normativa urbanística municipal y autonómica».

«Los tres acusados conocían todas aquellas limitaciones que la normativa urbanística y aquellos instrumentos imponían en relación a los posibles usos y transformaciones a desarrollar en aquellas parcelas atendido su consideración de suelo no urbanizable especialmente protegido por su valor natural», apunta la acusación pública.