Más de 80 entidades denuncian «una vulneración de derechos» por el policía infiltrado

Fueron cinco mujeres las que se querellaron contra el agente por este motivo, al que acusan de abusos, pese a que las relaciones fueron consentidas. Ahora, organizaciones como European Civic Forum, Fair Trial o la Red Global contra la Violencia Policial abalan el contenido de la queja -aún pendiente de admisión- al considerar que la actividad del agente constituye «un delito contra la integridad moral», tal y como afirman las denunciantes.

Por ello, las entidades exigen al Ministerio del Interior «que asuma responsabilidades ante la gravedad de los hechos, que dé explicaciones y procure la rendición de cuentas, tanto del agente, como de los responsables policiales y políticos». Sostienen así que el objetivo de la investigación debe ser la reparación de las personas y los movimientos afectados.

Fue a finales de enero cuando las cinco mujeres formalizaron la querella ante el juzgado de guardia, con el respaldo de Irídia y CGT, al argumentar que su consentimiento se podía considerar «viciado», en tanto que nunca hubiesen mantenido relaciones sexuales con el funcionario de haber sabido que era policía.

Por ello, en su queja apuntaron que la conducta del agente «no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de las activistas y su autonomía sexual».

Por su parte, fuentes policiales defendieron la actuación del agente. Así, indicaron que las fuerzas de seguridad del Estado actúan para recabar información de todas aquellas organizaciones que puedan subvertir, no solo el orden constitucional, sino también el orden público. Reiteraron también que los grupos de información se infiltran, no solo en círculos afines al movimiento independentista en Cataluña, sino en grupos anarquistas, de extrema derecha, o cualquier otro entorno. «El Estado debe tener capacidad de reacción», concluyeron.