Hablamos Español y Convivencia Cívica ultiman sus alegaciones contra la normativa catalana que frena el 25%

Fuentes de HE aseguran que han sido legitimadas para tener voz en la causa por el TSJC «al igual que el Parlamento de Cataluña, el Ministerio de Educación o la Consejería catalana de Educación«. El TC, por su parte, ha legitimado explícitamente como parte en el proceso a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), según consta en una respuesta del Alto Tribunal consultada por este diario.

«Todas aquellas personas, asociaciones u organismos que hemos sido legitimados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la causa por la aplicación de la sentencia que obliga a la administración Educativa a garantizar un mínimo del 25 por ciento de horas lectivas de materia troncal en español, seremos escuchados por el Tribunal Constitucional. También lo serán los partidos que han presentado recurso de inconstitucionalidad en sus procedimientos», señalan desde HE y CCC.

«Nuestras alegaciones están ya prácticamente redactadas. Los presidentes de ambas, Ángel Escolano y Gloria Lago, esperamos que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia que ponga fin con claridad a los abusos de las Comunidades Autónomas y les impida marginar al español es sus sistemas de enseñanza«, precisan en un comunicado.

El pasado 26 de octubre el TC admitió a trámite la petición del TSJC de revisar la ley catalana que elimina la obligatoriedad del 25 por ciento de castellano en todo el sistema. El alto tribunal catalán elevó la causa al Constitucional al planteársele dudas sobre la legalidad de la normativa aprobada por el Govern «in extremis» para frenar la ejecución del fallo. Las normas que están bajo revisión del TC son el decreto ley 6/2022 de 30 de mayo, y la ley 8/2022, de 9 de junio. Ambas establecen la predominancia del catalán en el sistema educativo y eliminan los porcentajes lingüísticos en las aulas. Para ello, instan a la revisión de todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos. El pasado septiembre el TC también admitió a trámite los recursos presentados por diputados del PP y Cs en el Parlament contra varios artículos de la ley catalana.