La Defensora del Pueblo en Cataluña defiende rebajar de los 18 a los 16 años la edad para votar

En relación a las sanciones administrativas a menores, cree que las multas no deberían recaer en los padres, y también ha puesto sobre la mesa la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años.

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Esther Armora

El informe detalla que poder votar a los 16 años también permitiría constituir y formar parte de partidos políticos y asociaciones, tener autodeterminación formativa y presentar solicitudes de admisión al sistema educativo, así como ampliar la capacidad de los adolescentes de decidir sobre la administración de sus bienes y de firmar contratos sin representación de los tutores legales, informa Ep.

Giménez-Salinas ha dicho que las diferencias en el tratamiento de las edades son, a menudo, «incongruentes» y que generan desigualdades, y ha pedido una revisión coherente, en sus palabras, de los umbrales de edad en determinados ámbitos.

Ha destacado que, con 14 años, un niño no puede acudir sin acompañar a un concierto pero sí es responsable ante la ley penal del menor, y con 16, puede dejar los estudios, pero necesita a los padres para matricularse; puede trabajar y estar dado de alta de la Seguridad Social, pero no puede votar; puede emanciparse, pero no puede abrir una cuenta bancaria, y puede decidir sobre sus tratamientos médicos, pero no puede donar sangre.

Preguntada por la cuestión de la edad penal, ha dicho «cada vez que hay un delito grave sale el debate», y ha explicado que es una decisión político-criminal y que en la mayoría de países europeos está cerca de los 14, como en España.

Rodríguez ha asegurado que las políticas de apoyo a la crianza no tienen suficientemente en cuenta a la adolescencia: no hay recursos para licencias retribuidas, los horarios de instituto dejan los adolescentes sin acompañamiento muy a menudo y la pediatría deja «descubierta» la etapa entre los 15 y los 18 años, entre otros.

Ha añadido que la adolescencia es una etapa con mayor prevalencia de malestar emocional, pero que los servicios ambulatorios no aumentan en proporción, y es también la edad con la que se inician consumos de drogas, alcohol y pantallas, así como el abandono escolar prematuro.

En el caso de la primera infancia, de 0 a 6 años, Rodríguez ha señalado «dificultades de cobertura» y apoyo en las familias, como los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (Cdiap), que a la práctica prestan servicio de 0 a 4 años; en la misma línea, ha dicho que las políticas de gratuidad de I1 e I2 son insuficientes, y que el Complemento de Apoyo para la Infancia (Capi) no llega a suficientes familias.

El informe defiende establecer por norma los mínimos esenciales para garantizar el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado, determinar la renta de suficiencia económica para garantizar dichos mínimos y crear una prestación específica para ello, si hace falta como complemento de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

También aboga por considerar la presencia de niños en un núcleo familiar como supuesto de emergencia social si hay riesgo de exclusión residencial, establecer un protocolo de actuación en caso de desahucio de familias con niños, regular las garantías específicas de la infancia en los procedimientos administrativos y que la condición de niño sea criterio de priorización en el acceso a prestaciones sanitarias.