Cazadores de odio tras el racismo, la homofobia y la violencia contra indigentes

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«La de los 90 fue una época espectacularmente cruel, con muchos asesinatos. Especialmente por ideología. Afortunadamente, ahora no tiene nada que ver», constata Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 aumentaron un 21 por ciento los delitos de odio investigados. «No hay un repunte de casos, sino más conciencia. Ahora se denuncia más. Entre otros motivos, porque las oenegés facilitan y estimulan que las víctimas lo hagan», matiza Ibarra, pionero desde su entidad en esta lucha.

Entre los riesgos de los que alerta la Policía, está el del supremacismo blanco. Este enero, dos individuos, William R. y Carlos A. aceptaron –en una condena pionera en España– penas de más de dos años de cárcel por animar a atentar contra inmigrantes y homosexuales. Su refugio era una masía de Lérida. Allí los detuvieron los Mossos d'Esquadra, en una operación que se precipitó cuando la Comisaría General de Información (CGI) descubrió que uno de ellos pretendía agredir sexualmente a su pareja mediante sumisión química. Sus 'modelos' eran Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda, y Anders Breivik, autor del mayor atentado terrorista de Noruega, con 77 víctimas mortales.

«Entre 2010 y 2012 se produce un crecimiento del movimiento ultra, se pasa de pequeños grupos que actúan en su zona de influencia, es decir, de una dinámica local de las mal llamadas tribus urbanas, de 'skins', a una lógica de movimiento planetario», explican a ABC investigadores de la CGI. Algo que sucede con la revolución tecnológica, las redes sociales y la globalización; lo que propicia la difusión masiva. Para captar nuevos adeptos «buscan también brechas de oportunidad, como conflictos de carácter social», precisan los investigadores, como puede ser el descontento vecinal ante la construcción de un oratorio en un determinado barrio. Los gimnasios también se erigen como centros de captación, por ejemplo, entre aquellos que practican artes marciales mixtas. Y el 'hooliganismo' es otro «facilitador de la radicalización».

Otro factor a tener en cuenta, señalan las mismas fuentes, es la retroalimentación ideológica –y operativa– entre el yihadismo y la ultraderecha; las dos principales amenazas a la seguridad de la Unión Europea. Una de las penúltimas operaciones de la CGI fue la que consiguió desarticular una incipiente célula de neonazis, Combat 18, que planeaba atentar contra mezquitas y sinagogas.

Según recoge Interior, los delitos de odio más frecuentes son los racistas y xenófobos, seguidos por los que se perpetran contra la comunidad LGTBI. «Sigue la tendencia de los diez años anteriores. No tenemos ningún indicador para poder afirmar que crecen, sino que aumenta la cultura de la denuncia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, igual que la Fiscalía, están muy implicados en las investigaciones», sostiene Ibarra.

No son ataques contra minorías. Lo demuestra el caso de un individuo que, el pasado febrero, agredió a una decena de mujeres en el metro de Barcelona. Se le investiga por delitos de odio, ya que pese a la presencia de hombres en el andén, sólo las golpeó a ellas. En ocasiones, con gran brutalidad.

Entre las víctimas más vulnerables, aunque las que menos recogen las estadísticas, están las personas sin hogar. En 2005, dos jóvenes y un menor mataron a Rosario Endrinal en un cajero de la zona alta de Barcelona. La mujer se había refugiado en una entidad bancaria para pasar la noche cuando los tres individuos la quemaron viva.

En pleno confinamiento por la pandemia, Thiago Fernández mató a tres indigentes que dormían en las calles de la capital catalana. Fue condenado a 63 años de cárcel. Veinte por cada asesinato y tres más por sendos delitos contra la integridad moral.

Arrels, entidad que desde 1987 acompaña a los sintecho, estima que más de la mitad de ellos sufren agresiones físicas o verbales, según el testimonio de los propios afectados. Entre ellos, un caso en proceso de instrucción. El de un hombre al que agredieron tras acceder, con su carro de chatarra, a una cafetería de la capital catalana. Un grupo de individuos lo golpeó, llegando a romperle varios dientes, por 'osar' entrar en el local, con sus escasas pertenencias, para tomar un café.

«Además de la infradenuncia en los casos de aporofobia, nos encontramos con mucho problema de prueba, para poder demostrar que el motivo de la agresión ha sido la aversión al pobre», explica a este diario Eva Hobeich, responsable jurídica de la asociación. Sólo suelen llegarles los casos más graves, donde ya se ha producido un ataque. Y en éstos, acaba siendo sólo un delito de lesiones y no se prueba el de odio.

En caso de prosperar y llegar a juicio, la burocracia tampoco facilita la comparecencia de las víctimas en situación de calle.

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Pese a los avances, el Código Penal no contempla todas las discriminaciones, como la lengua o el aspecto físico. Tampoco todas las que sí incluye tienen recorrido penal, aunque sí pueden tenerlo en la vía administrativa, a través de la la Oficina de Igualdad de Trato y no Discriminación, que presidente Manuela Fernández. Se creó en mayo de 2022 y, aunque aún cuenta con pocos medios, ya ha instruido varios procesos de sanción por antigitanismo. Entre otros, a propietarios que se negaron a alquilar una vivienda. O el expediente que se saldó con una multa a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, por sus declaraciones contra la inmigración.

«La pirámide del odio tiene varios escalones, y nosotros, con el régimen sancionador, estamos en la base. Si las discriminaciones van escalando, llegan a ser un delito», aclara Fernández.