Barcelona no quiere ser Ámsterdam y declara la guerra al turismo cannábico

La proliferación de clubes de cannabis, que funcionan como asociaciones privadas donde los miembros pueden consumir de manera segura y controlada, ha sido un pilar fundamental en esta transformación. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de desafíos.

En respuesta a las preocupaciones sobre la proliferación descontrolada y su impacto en la comunidad local, el Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado una clara ofensiva contra los clubes cannábicos de la ciudad unos 200, según se estima, prometiendo su cierre, después de que varios técnicos del Consistorio y de la Guardia Urbana detectasen «numerosos incumplimientos» de las ordenanzas municipales por parte de estos establecimientos. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 permite ahora al Consistorio iniciar una ofensiva después de años de «manga ancha» con el cannabis, promocionado por los clubes casi como si se tratase de un atractivo más de la ciudad. El Ayuntamiento de Jaume Collboni no quiere que Barcelona sea una nueva Ámsterdam, en una ofensiva no ajena al debate sobre la sobrepresión turística, que ha llevado, en paralelo, al Ayuntamiento a anunciar el cierre de todos los apartamentos vacacionales en 2028.

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En este contexto de combate contra los clubes, la Federación de Asociaciones Cannábicas en Cataluña (Catfac) ha denunciado el «constructo jurídico» elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona, manifestando que «es imprescindible que entiendan que el uso del cannabis no desaparecerá prohibiéndolo, sino que hay que buscar fórmulas desde el consenso y el diálogo y no desde la confrontación» y han manifestado que, a pesar de todo, «continuarán abiertos al diálogo con el Consistorio, colaborando con todas las entidades y administraciones públicas por unas nuevas políticas de salud pública en materia de drogas más justas y eficaces».

Las webs especializadas en turismo cannábico publicitan Barcelona como el principal destino para el consumo de cannabis en Europa. Esta promoción no es fortuita, ya que sus impulsores han sabido combinar su rica cultura y estilo de vida mediterráneo con una emergente escena cannábica, como en su momento lo fue Ámsterdam y sus «coffeeshops».

En sus páginas, estos sitios destacan la proliferación de clubes cannábicos privados que ofrecen a sus miembros un lugar seguro y regulado para disfrutar, compartir y aprender sobre la marihuana. Este énfasis en la comunidad y la autenticidad ha hecho que cada vez más turistas y locales elijan Barcelona como su destino preferido para el consumo de cannabis.

Además, webs como Weedmaps o Leafly subrayan la calidad y diversidad de la marihuana disponible en Barcelona, posicionándola como una ciudad de referencia en cuanto a la cultura cannábica: «La ciudad ofrece una experiencia única que combina cultura, gastronomía y un ambiente acogedor para consumidores locales y turistas por igual».

Las descripciones detalladas de la experiencia en estos clubes, junto con la «vibrante vida cultural y artística de la ciudad», hacen de Barcelona una opción atractiva para aquellos que buscan una experiencia integral que vaya más allá del simple consumo, aseguran.

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Por el momento, el Ayuntamiento ha notificado a una treintena de asociaciones que deben cesar su actividad y señala que pretenden eliminar de la capital catalana todos los recintos en los que se consume marihuana, unos 200. Estas medidas buscan equilibrar la creciente demanda turística con la necesidad de mantener el orden público y la convivencia vecinal.

Los expedientes de cierre que se han comunicado ya a esta primera treintena de espacios conceden un plazo de diez días para que los clubes puedan presentar alegaciones y, tras este periodo, se determinará si el cierre debe ser definitivo o temporal (de entre seis meses y dos años). Además, continuará la vigilancia estrecha de estos y otros clubes para que no se salten las normas.

Una actuación del Ayuntamiento que no convence a la oposición. Dani Sirera, presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, defiende en declaraciones a ABC que «este tipo de negocios han tenido unos efectos devastadores en el aumento del consumo y tráfico de drogas en la ciudad, directamente relacionado con el aumento de la violencia». El PP pide «un cese de todos los negocios, clubes o tiendas, relacionados con la droga, para destinar todos los recursos policiales necesarios para acabar con los narcopisos».

Por su parte Gonzalo de Oro, presidente de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, apunta a este diario que la clausura de clubs de cannabis llega demasiado tarde: «El Ayuntamiento liderado por la ex alcaldesa Colau y con Collboni aprobó en 2016 un plan municipal que reguló de manera chapucera este tipo de locales, permitiendo la proliferación descontrolada de estos clubes con más de 200 repartidos por toda la ciudad» .

A su vez, el portavoz de Junts, Jordi Martí, recuerda también que sin la regulación aprobada en 2016 con comunes, PSC y ERC, que «daba manga ancha» a estos clubes, «ahora no tendríamos este problema de seguridad y salud pública».

Por parte del gobierno municipal, el teniente de alcaldía y concejal de seguridad, Albert Batlle, ya anunció a finales del pasado año que estaban buscando la manera de clausurar los más de 200 clubes de cannabis que existían en Barcelona , convertidos desde hace más de una década en una de las principales vías de acceso a la sustancia para sus usuarios.

La realidad es que estos espacios no disponen de un paraguas legal que los cobije, después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratificó en 2021 un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbando la normativa aprobada por el Ayuntamiento que lideraba Ada Colau en 2016 —apoyada por ERC y el PSC— que regulaba urbanísticamente los locales de este tipo en la ciudad.

Esa regulación establecía los requisitos que debían tener estos locales, como por ejemplo la distancia que debían guardar con colegios y otros equipamientos, las condiciones de acceso y ventilación.

El Supremo anuló tal normativa y desde entonces los clubes caminan en el alambre. El Ayuntamiento les recordó por carta que tras el fallo del TS solo podían dedicarse a proporcionar información, elaborar o difundir estudios y realizar propuestas, expresar de cualquier manera opiniones sobre la materia y promover reuniones o seminarios sobre el cannabis, pero no dispensarlos o fomentar su consumo en su interior.

El debate sobre el cannabis sigue dando de que hablar: lo que en una vez en Barcelona fue una cultura de relativa permisividad, da paso ahora a un intento de regularización, y hasta cierre total, que para la oposición llega demasiado tarde. Todo ello en una Barcelona que intenta mitigar el uso no regulado y sus impactos negativos.

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