La Audiencia Nacional cita a David Madí como investigado por adjudicaciones irregulares en una derivada del caso 3%

Una adjudicación que data de 2014 y por la que el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ordenó a principios de marzo una veintena de registros en domicilios y sedes de las empresa investigada, la UTE Egara, y también la consultora RCM, con sede en la capital catalana. La intención de los investigadores era acreditar la existencia de irregularidades, en forma de comisiones, por parte de la adjudicataria.

Ahora, en un providencia consultada por ABC, el juez Pedraz cita el próximo 26 de abril a Madí, junto a José Ramón Castarlenas y Manuel Castarlenas, fundadores de la consultora RCM, y María José Cordovilla. Al día siguiente tendrán que declarar, también en calidad de investigados, el copropietario de Ivemon Ambulancias, Oscar Simón; el constructor Juan Alberto Arqués, Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón.

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Pablo Muñoz

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La operación dataría de 2015, cuando se conformó una UTE entre Egara y Lafuente, para resultar adjudicatarias de un macrocontrato por parte de la Generalitat, del que habría sido conseguidor David Madí. Fuentes de la investigación aseguran que Arqués y Madí habrían comprado a bajo precio parte de Ivemon antes de la adjudicación del macrocontrato de ambulancias y de la creación de la UTE. La Audiencia Nacional ya puso la lupa sobre la operación que llevaron a cabo varios empresarios, entre ellos el constructor Joan Albert Arqués, para tratar de controlar Ambulancias Egara, antes de la concesión de 2015.

Tras los registros, desde la empresa subrayaron que «siempre han concurrido a las licitaciones públicas de servicios de transporte sanitario cumpliendo con todos los requerimientos, en igualdad de condiciones que el resto de empresas y respetando la legalidad vigente». También negaron que su equipo directivo tenga «vínculos con ningún partido político catalán» y que no existe ninguna relación entre Ambulancias Egara y Madí.