Así, en un escrito al que ha tenido acceso ABC, Acvot sostiene que una de las conclusiones del dictamen del abogado general del TJUE, en la que niega que la norma sea una autoamnistía, es una respuesta a las consideraciones de la Comisión Europea en la vista relativa a la ley del olvido penal, pero recuerda que en ningún caso la cuestión formó parte de la prejudicial y por tanto, no hubo posibilidad de debate en pleno entre «las partes y los interesados».
Además, las víctimas catalanas del terrorismo indican que el pronunciamiento del abogado general, Dean Spielmann, es «anómalo», al interpretar la ley española cuando la función del tribunal es interpretar «el derecho de la Unión». Así, el abogado de la asociación, José María Fuster Fabra, expone en su escrito que «se ignora» si el TJUE en su sentencia, que se prevé para principios de 2026, se pronunciará al respecto de lo planteado por la Comisión (la venta de una ley por votos en una investidura no es parte del interés general), aspecto «al que no se alude en el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial», por parte de la Audiencia Nacional.
Por ello, conforme a los artículos 83 y 101 del Reglamento de Procedimiento del TJUE, el letrado solicita que el TJUE se dirija al tribunal español para aclarar si se pronunciará sobre la «autoamnistía» y, posteriormente, reabrir la fase oral del procedimiento para debatir al respecto. Cabe recordar que la asociación de víctimas ejerce la acusación popular contra los 12 CDR encausados por terrorismo, para los que pidió 33 años de prisión, y la Fiscalía solicitaba 27.
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