Casi 10.000 mujeres cuentan con órdenes de protección por violencia de género en Cataluña

La mató en el piso donde residían, en el barrio de Sant Marí de Barcelona, el pasado febrero. Todos los feminicidios de 2023 en el territorio, excepto uno, se perpetraron en el domicilio de la víctima. La excepción fue el de unos turistas irlandeses que se encontraban de vacaciones en Salou. Él la mató en la habitación de un hotel. Solo en uno de los casos agresor y víctima ya no vivían juntos y tampoco eran pareja. Cuatro de las asesinadas tenían hijos, por lo que ocho menores de edad han quedado huérfanos. «En la mayoría de casos se habían producido conductas de control extremo y acoso previo al crimen», ha apuntado este jueves la portavoz de la Policía catalana, Montserrat Escudé. A todos sus asesinos, sin antecedentes por violencia de género, de entre 28 y 77 años, los detuvieron pocas horas después. Y es que a diferencia de otro tipo de delitos, donde quien los comete acostumbra a huir, los que matan a sus parejas «o se entregan o se suicidan», ha precisado la inspectora.

A día de hoy, son un centenar las mujeres que se encuentran en «riesgo alto» de sufrir un ataque por parte de sus parejas o exparejas y cuentan con protección policial en Cataluña. Las restantes, con otras medidas, como órdenes de alejamiento o prohibición de comunicación a sus agresores. Y es que entre enero y octubre de 2023 fueron 13.278 -un 4,4 por ciento, menores- las que denunciaron ante los Mossos d'Esquadra ser víctimas de violencia machista. Cifra que supone un incremento del diez por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Del total de quejas interpuestas, casi cuatro de cada diez son por malos tratos, otro 30 por ciento son por amenazas, un 14 por quebramiento de condena y, el porcentaje restante, por violencia física o psíquica habitual. Y es que, tal y como ha alertado Escudé, se ha registrado un aumento significativo de aquellos agresores que incumplen las órdenes de alejamiento o comunicación con sus víctimas. Llamadas perdidas, o presentarse en su piso para tocar el timbre en reiteradas ocasiones. «No hay una amenaza asociada, ni una agresión, es una conducta para coaccionarlas, como violencia psicológica. Las mujeres refieren un aumento de ansiedad e inseguridad. En algunos casos, terror a salir a la calle, o a moverse con libertad, simplemente para ir al trabajo», ha apuntado la inspectora, para detallar que las situaciones de acoso se han disparado hasta el 62 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

También se han incrementado las denuncias por agresiones sexuales en el ámbito de la violencia de género, pasando de 475 en 2022 a las 654 entre el 1 de enero y el 31 de octubre. La media de edad de quienes acuden a la Policía para pedir ayuda es de 36 años, pero, tal y como corroboran desde el Cuerpo los malos tratos se dan «en todas las edades y clases sociales». Los detenidos durante estos primeros diez meses del año fueron más de 12.000 -un 8 por ciento más que el año pasado-. Entre éstos, 131 eran menores, y tenían entre 14 y 17 años.

Medidas como la pulsera de control telemático se han demostrado eficaces para evitar amenazas o lesiones, apuntan los Mossos. Y es que ninguno de los 80 agresores que las portan han vuelto a ser denunciados por dichos delitos. Desde el Cuerpo puntualizan que algunas víctimas rechazan dicha medida porque ellas también deben portar el mismo dispositivo, y puede suponer un incremento de la ansiedad durante el proceso de recuperación. La Policía catalana recuerda que, según algunos estudios, las víctimas tardan una media de ocho años en pedir ayuda, y eso, en caso de que lo hagan. Por eso subrayan la importancia de que el entorno también se implique a la hora de denunciar. «La denuncia es un factor de protección», ha recalcado Escudé.

Cualquier persona que quiera comunicarse con la Unidad Central de Atención y Seguimiento a las Víctimas puede hacerlo a través del Whatsapp, con el número 601 001 122. En ningún caso sustituye al teléfono de emergencias 112 para situaciones graves, sino que es un canal que permite tanto a las víctimas como a sus allegados o testigos de la violencia, conocer las herramientas de las que disponen, los derechos que les asisten y como paso previo, en caso necesario, a la denuncia.