Cataluña y País Vasco quedan excluidas del reparto de menores inmigrantes no acompañados

Ha sido una negociación agónica, meses en los que los acuerdos alcanzados y las disputas entre Gobierno y el resto de territorios no terminaban de salir de las moquetas y los despachos para afrontar la crisis humanitaria que atraviesa Canarias en solitario, pero finalmente el reparto de los menores comienza a ver la luz a pesar de las serias dudas que ha generado entre las comunidades autónomas.

La cifra que se ha barajado durante meses de 4.400 menores (4.000 de Canarias y 400 de Ceuta) desciende ahora a 3.975. Fuentes del Gobierno confirmaron a este diario que se debe a que la reforma que se planteó del la ley de extranjería serviría para paliar situaciones de contingencia migratoria, y tras los últimos cálculos, esta última cifra de 3.975 traslados serviría para destensar los centros de la islas y la ciudad autónoma.

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A causa de ese descenso, tal y como apuntan fuentes cercanas a la negociación, Cataluña y País Vasco se quedan fuera del reparto, que era su aspiración final. Aunque fuentes de la Generalitat confirmaron a este diario que acogerán a 31 menores de forma voluntaria. Esa reforma de la ley de extranjería en su artículo 35 se llevó a cabo mediante un real decreto pactado con Junts, que siempre defendió que su territorio era uno de los más tensionados y que no tardó en adelantar ese acuerdo a los medios en marzo jactándose de que Madrid acogería a casi 800 menores (la cifra ha terminado siendo algo menor). El decreto pivota sobre la premisa de que aquellas comunidades que hacen un esfuerzo menor de acogida de niños en situación de desamparo, son los que más plazas deberán habilitar para este reparto extraordinario. Y esa ha sido la gran disputa en las innumerables reuniones que se han celebrado entre Gobierno y comunidades desde la convalidación del decreto hasta hoy.

Los criterios para determinar el número de menores por comunidad son los mismos que se han pactado en otras ocasiones en Conferencia Sectorial de Infancia, pero una ponderación distinta de estos ha creado un nuevo mecanismo de distribución previsto en el citado artículo 35 que han empujado a la Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana (todos territorios gobernados por el Partido Popular) a lo más alto de la lista asumiendo la tutela de casi 2.000 niños en conjunto. La mitad de todos los menores que han de ser derivados a la Península.

Los traslados se concentrarán así en Andalucía (677), Madrid (647), Valencia (571), Castilla La Mancha (320) y Aragón (251). Esta última comunidad fue de las primeras en impugnar el nuevo sistema de reparto ante el Tribunal Constitucional (no es la única), botón de muestra del poco consenso que ha existido entre el Ejecutivo y el resto de territorios a la hora de abordar la situación en Canarias. Estas comunidades contarán con una dotación de entre 15 y 3 millones de euros dependiendo del volumen de menores que acojan. Cabe recordar que las necesidades de estos menores van más allá del plano meramente asistencial, también se les debe escolarizar, dotarles de acceso a la sanidad pública y brindarles información para asegurar su inclusión en nuestro país, entre otras cosas.

En el caso de la capital, estas 647 nuevas plazas se suman también a los 400 solicitantes de asilo, también menores de edad sin referentes parentales, que serán dados de alta en el sistema de protección internacional y trasladados a un centro dependiente del Ministerio de Migraciones en Pozuelo para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que el Gobierno debía dar una solución asistencial en centros estatales a estos menores.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid denuncian que: «El Ministerio de Juventud e Infancia vuelve a cocinar unos criterios subjetivos para dejar fuera del reparto ilegal de menores a País Vasco y Cataluña, atendiendo solo a criterios de salvamento del sanchismo».

Denuncian además que «los servicios jurídicos de 11 comunidades autónomas consideran que el Real Decreto de reparto forzoso es inconstitucional».