Catalá limitará al 2% los pisos turísticos en cada barrio de Valencia

Así lo ha explicado Catalá este jueves durante su participación en un Foro ABC con su homólogo en Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la sede del periódico.

«El 80% de la ciudad tiene que ser residencial y el 20% terciario», ha sostenido, al tiempo que ha criticado la «desidia» del gobierno anterior de Joan Ribó (Compromís y PSPV-PSOE), que dejó «más de 10.000 plazas», gran parte de ellas ilegales, al no realizar inspecciones ni autorizar nuevos hoteles.

En el centro histórico de la ciudad -Ciutat Vella- ya se ha rebasado ese porcentaje del 2%, por lo que no se otorgarán más licencias, algo que «probablemente» también ocurrirá en la fachada marítima. «La guerra la tenemos con las viviendas de uso turístico irregulares, y especialmente cuando se inserta en una comunidad de vecinos» por los problemas de convivencia que genera, ha señalado. Medidas con las que pretende atraer a un turista «especializado» y «cultural», frente al «low cost».

Durante la conversación de ambos dirigentes del PP con el director de ABC, Julián Quirós, y preguntada por su futuro político, Catalá ha aseverado que ser alcaldesa de Valencia es su «último destino» tras ejercer en el pasado como consellera, diputada y portavoz de la Generalitat. «Es una convicción personal» y «un acuerdo familiar», ha añadido.

Su nombre estuvo en las quinielas como la posible sustituta de Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano, señalado por su gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre. Pero Catalá considera que «se ha hecho una manipulación del relato» contra el barón popular. «Es mi amigo», ha afirmado. «Me consta que no está pensando en su futuro, sino en el de mi tierra», ha agregado.

Precisamente, sobre la riada que arrasó la provincia de Valencia y tres pedanías del sur de la ciudad dejando «un escenario de guerra», la alcaldesa ha apuntado que fue un «fenómeno extraordinario» y «siempre hay cosas que se pueden hacer mejor», que se podrán analizar «con el paso de los meses».

«Nos va a costar mucho recuperarnos de esta enorme tragedia» con 224 muertos, tres desaparecidos y daños materiales multimillonarios, pero «hay que hacerlo», ha incidido. Entre los retos de la capital del Turia durante la emergencia, ha destacado el trabajo de su consistorio para que la actividad económica no cayera, al tiempo que se daba apoyo a la zona cero «a pesar de las trabas incomprensibles que se nos han puesto en el camino y que algún día alguien explicará por qué».

A su juicio, la Confederación Hidrográfica del Júcar «dejó de hacer su trabajo» ante las infraestructuras que están pendientes y la falta de limpieza y de «sensorización» de los barrancos: «El sistema de la CHJ no era completo y no podía prever con exactitud por donde iba a ir el desbordamiento».

No obstante, Catalá ha puesto el foco en que los afectados -ante la «incertidumbre« y la «falta de diligencia»- no quieren que se alimente el «barro político», sino cobrar las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros, que se retiren los vehículos y se realoje a quienes viven en casas con humedades.

Entre sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, la alcaldesa ha lamentado que al Ayuntamiento de Valencia le vaya a «costar 80 millones de euros» que el Ejecutivo no haya actualizado al 13%, como prometió, las entregas a cuenta. Una medida no incluida en el nuevo decreto presentado esta semana tras caer el omnibus. También ha denunciado que no se declarara la Capitalidad Verde Europea de la ciudad en 2024 como acontecimiento de especial interés, pese a que no tiene un coste económico y sí beneficios para las empresas.

En materia de sostenibilidad, Catalá ha abogado por plantear «alternativas» frente a las «prohibiciones» de la izquierda a la hora de reducir el uso del vehículo privado, potenciando el transporte público. En ese sentido, ha cifrado en 170 millones de euros la última inversión realizada para adquirir nuevos autobuses de la EMT.

«He hecho yo más kilómetros de carril bici que los que hizo Ribó», ha ejemplificado, diferenciando entre los que se hacen «con sentido común» y los que provocan que «todo el mundo se enfade». «Se puede progresar con sostenibilidad, pero se tiene que trabajar más horas al día», ha insistido. En este punto, ha apuntado al ruido como «el gran problema de las grandes ciudades para la próxima década», lo que obligará a los responsables municipales a actualizar ordenanzas e incentivar el uso de nuevos materiales en el mobiliario que puedan mitigar, asimismo, el impacto del cambio climático.