Récord de ataques de lobos: mataron más de 5.000 cabezas de ganado el año pasado en Castilla y León

Una regulación que se publicará el próximo 14 de abril -entrará en vigor al día siguiente- y que supondrá en la práctica que el régimen de ayudas por las cabezas de ganado abatidas por el lobo que ya regía en la Comunidad al sur del Duero pase también y con carácter retroactivo desde septiembre de 2021 al norte del río, donde hasta la publicación de la legislación estatal era una especie cazable.

Así lo anunció ayer el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien explicó que la partida que la administración regional destina a este apartado se duplicará al pasar de los 2,5 millones actuales a los cinco que se prevén una vez que entre en vigor la nueva orden. Hasta ahora, en Castilla y León no se abonaban pagos compensatorios por los ataques producidos al norte del Duero al ser un animal que sí se podía cazar, sino que las ayudas por los daños al ganado eran asumidas por los responsables de los cotos -la Junta también en los que es titular-, mientras que al sur eran competencia del Gobierno autonómico por ser una especie protegida.

Si bien, la disposición del Gobierno que prohíbe capturar al lobo en todo el territorio y le incluye en el listado de especies 'blindadas', «priva» a las comunidades de la gestión y quedan en un «limbo» las responsabilidades por los daños causados allí donde sí había opción cinegética, explicó Suárez-Quiñones, que estuvo flanqueado en la rueda de prensa por los representantes de las organizaciones agrarias en muestra de apoyo al nuevo texto. Lo que hace ahora la Junta, señaló, es dar una «cobertura jurídica» para los profesionales que ven caer a su ganado desde que impera la protección total del lobo.

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La segunda novedad de la orden que se publicará en el Bocyl la próxima semana es que se incrementan de «forma relevante» los baremos que estaban fijados desde 2019. Se mejorarán las cuantías por «daño emergente». Es decir, por el valor que el animal atacado tendría en el mercado y otros gastos asociados a la gestión del siniestro, pero se incluye, además, por primera vez el «lucro cesante» como el potencial beneficio que se deja de obtener.

Como ejemplo, puso la pérdida de subvenciones de la PAC y de rendimientos futuros, como una disminución de la fertilidad o del valor genético. Los pagos también harán frente a otros gastos como los veterinarios para atender a las piezas lesionadas o el sacrificio de los animales heridos e incluyen una bonificación del 10 por ciento para las explotaciones extensivas si se certifica que se han adoptado medidas preventivas como el pastoreo con perros o un vallado de determinadas características.

Todo ello cuando se ha producido un incremento tanto en el número de ataques como en el número de cabezas muertas, detalló el consejero, alcanzándose una cifra 'récord' en ambas. En concreto, detalló que el pasado año el ganado afectado aumentó un 19 por ciento llegando a las 5.086 reses abatidas, con incrementos «preocupantes» como el de Palencia, Burgos o Soria, que acumulan un 30 por ciento.

Mientras, aseguró, la Junta va a seguir «luchando» contra la decisión del Gobierno -ya presentó un recurso en la Audiencia Nacional- y su protección «excesiva» e «innecesaria» de una especie que, según dijo, no está «en regresión», sino en una progresión «constante». De ahí que tildara la regulación nacional de «ideológica» más que por razones de conservación y detalló que las cuatro comunidades afectadas -Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León- presentarán su propio censo del lobo ante los datos «incorrectos» que llevó el Ejecutivo nacional a Europa para defender su decisión.