La Junta extiende al norte del Duero los pagos compensatorios por los daños del lobo

Flanqueado por representantes de las organizaciones agrarias, Suárez-Quiñones ha presentado la nueva orden que regulará los pagos por los daños producidos por los cánidos que se publicará al próximo 14 de abril -entrará en vigor al día siguiente- y que intenta hacer frente al «limbo» en el que han quedado los ganaderos después de que el Gobierno declarase a la especie no cazable en todo el territorio.

Así, el consejero ha detallado que la orden que el Ministerio de Transición Ecológica dictó en septiembre de 2021 priva a las comunidades de la gestión del lobo y, por tanto, modificó la situación que existía en Castilla y León hasta entonces, donde al sur del Duero la especie era protegida y al norte era cinegética. Los daños eran en ese territorio en el que sí se podía cazar asumidos por los cotos de caza -la administración regional los asumía en los cotos de su titularidad-, mientras que en el resto de la Comunidad las indemnizaciones eran responsabilidad de la Junta.

Lo que sucede con la nueva orden autonómica es que el régimen de los pagos será «el mismo» en toda la región y se hará con carácter «retroactivo» desde septiembre de 2021 para que todos los ganaderos que se hayan visto perjudicados por el cambio de estatus del cánido tengan «cobertura jurídica» y puedan reclamar si su ganado ha sufrido ataques.

La segunda novedad de la orden que se publicará la próxima semana es que se incrementan de «forma relevante» los baremos que estaban fijados desde 2019. Así, ha explicado que se mejorarán las cuantías por «daño emergente». Es decir, por el valor que el animal atacado tendría en el marcado y otros gastos asociados, pero se incluye, además, el «lucro cesante», como el potencial beneficio que se deja de obtener. Como ejemplo, ha puesto, la pérdida de subvenciones de la PAC, una disminución de la fertilidad o del valor genético.

Los pagos también harán frente a otros gastos como los veterinarios para atender a las piezas lesionadas o el sacrificio de los animales heridos e incluyen una bonificación del 10 por ciento para las explotaciones extensivas si se certifica que se han adoptado medidas preventivas.

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Todo ello será el contenido de una nueva orden que surge de la «falta de compromiso» del Gobierno central que deja «desprotegidos a los ganaderos» y del incremento que se ha producido en los daños «que ya se esperaba» como consecuencia de la disposición del Ejecutivo central y que Suárez-Quiñones ha cifrado en un 19 por ciento más en 2022.

Por último, el consejero ha añadido que aquellos pagos que se hubieran solicitado al sur del Duero en el momento de la publicación de la nueva normativa autonómico se regirán por la que estaba vigente en 2019.

Por su parte, las organizaciones agrarias han mostrado su satisfacción por la nueva regulación como un «primer paso» que habrá que ir «mejorando», ha apuntado desde Asaja, Joaquín Antonio Pino, mientras que desde la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, ha considerado que aún faltan por indemnizar los daños que producen otros animales como los buitres.

Finalmente, desde UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha asegurado que la presión que está ejerciendo el lobo en algunos puntos de la Comunidad es «insostenible», sobre todo en la ganadería extensiva, y ha pedido al Ministerio que «rectifique». «Nadie dice que haya que extinguir al lobo, pero sí reducir su población porque no corre peligro y está poniendo en jaque a la ganadería», ha concluido.