PSOE, Vox, Podemos e Igea se unen para cambiar la Ley de Publicidad Institucional

El resultado fue que, por primera vez en el Parlamento autonómico, salió adelante una norma impulsada por la oposición y con el voto en contra del partido que gobierna. Hay que remontarse a 1988 para encontrar una situación algo similar, cuando al entonces presidente de la Junta, José María Aznar (sin mayoría absoluta), le tumbaron el proyecto de ley de presupuestos.

Así que la oposición no llegaba a creerse que una proposición de ley, que presentó el único procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acabase por ver la luz. «Estoy disfrutando mucho», reconoció durante su intervención. «Sólo por esto han merecido la pena estos diez años en las Cortes», confesó. Y es que con su iniciativa pretendía, en un primer momento, acabar con los «bulos», evitando el acceso a la publicidad que contratan las administraciones a medios que tengan sentencias en contra. Sin embargo, finalmente y vía enmiendas, el texto legislativo va mucho más lejos al introducir nuevos criterios de «reparto» y la obligación de sacar a concurso la televisión autonómica.

Los grupos que han participado del acuerdo destacaron su capacidad de diálogo desde posiciones ideológicas muy alejadas. La portavoz del PSOE, Nuria Rubio, insistió en que «la publicidad institucional no puede ser un arma de propaganda» como, a su juicio, ocurre actualmente, frente a la ahora aprobada, que es «más justa en el reparto». Además, atacó a los populares por oponerse a una ley «transparente, justa, profesional y alejada del clientelismo». Frente a los socialistas, la bancada popular y su viceportavoz, Miguel Ángel García Nieto, que calificó la norma de «bodrio legislativo y un disparate que nace del odio al PP» y que «vulnera la libertad de expresión». Advirtió de que «puede suponer el cierre de medios de comunicación y el despido de sus trabajadores», además de provocar «un apagón informativo en el medio rural». «Es una ley que nace muerta y que se debería llamar de censura», añadió y rechazó que desde el Gobierno autonómico se haya presionado a los medios para que, a su vez, influenciasen a los grupos para que no apoyasen la reforma.

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Una afirmación que contrasta con las acusaciones de la oposición, que aseguró que se realizan «prácticas mafiosas» con las que, insistieron, podrá acabar la ley reformada. Por Vox, Miguel Suárez destacó el acuerdo de «grupos ideológicamente opuestos», lo que «representa lo mejor de la política». El resultado, apostilló, «es una ley que nace del consenso de todas las fuerzas, salvo el PP que se queda solo en su cerrazón». Suárez habló también de «las bondades» de la norma que llevan la firma de su partido, como que los medios de comunicación no puedan tener más de un 33 por ciento de sus ingresos procedentes de la publicidad institucional o que dentro de las Cortes se cree una comisión que sirva de control a la televisión autonómica para evitar que, como ocurre en la actualidad, «lo haga el Ejecutivo».

Pablo Fernández no pudo ocultar su entusiasmo en un «día histórico para la pluralidad» ya que la reforma de la ley supone «el fin del dominio mediático y de la utilización de recursos públicos para favorecer a pseudo medios afines al PP». El procurador Francisco Igea también cargó contra quienes «presionan a los medios» y reivindicó el valor de los periodistas que «arriesgan su trabajo» por contar la verdad: «Este país no sería el mismo sin la prensa libre», concluyó.

La reforma de la ley, que entrará en vigor la próxima semana cuando se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León, «tiene fallos que se pueden remediar», reconocieron sus impulsores para aludir a la necesidad de concretar que el citado 33 por ciento de publicidad institucional se refiera exclusivamente a la Junta y no a todas las administraciones. Un cambio que se quiso introducir con una enmienda transaccional antes de llegar al pleno, pero que no fue posible al oponerse el PP (se necesita unanimidad), por lo que se impulsará una reforma exprés cuando comience el nuevo periodo de sesiones.

Por su parte, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla León lamentó que se haya aprobado en las Cortes la modificación de la Ley de Publicidad Institucional sin que se haya llegado a un consenso previo entre todos los grupos parlamentarios.