PSOE y Vox se unen para limitar la publicidad institucional en Castilla y León

Cerrado el debate en la Comisión de la Presidencia con la aprobación de 34 de las 38 enmiendas presentadas, el texto definitivo será debatido en el pleno después de la proposición de la ley, registrada hace más de un año por el procurador Pablo Fernández (Unidas Podemos) y que se limitaba a impedir que las campañas de publicidad de la Junta fueran a medios de comunicación condenados. Ahora esta norma, sustancialmente ampliada por los partidos de la oposición se tratará en el pleno de la Cámara, en principio en la última sesión ordinaria del 24 y 25 de junio.

Los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista, Nuria Rubio, y de Vox, Miguel Ángel Suárez Arca, han explicado que la mayor parte de las transacciones pactadas entre PSOE y Vox son «acuerdos de mínimos», aunque el deseo de ambos era que los textos fueran «más amplios» pero han apuntado que están «conformes» tras la cesión de «todas las partes» y dejar de lado sus «percepciones».

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha acusado a Vox de «censura sideral» al proponer un tope máximo de la publicidad institucional, que se limita al 33 por ciento de la cifra de negocio del medio, lo que, a su juicio, beneficiará «exponencialmente» a los grandes medios y perjudicará a los pequeños. En este sentido, puso el ejemplo del diario El País, que con una facturación de 105 millones, se podría contratar con ese periódico 34,6 millones aunque no sea el mayor medio de penetración en la Comunidad, mientras que con uno pequeño, con importancia en una comarca pero que facture 100.000 euros solo se podría contratar 33.000 euros. «Un disparate», ha concluido tras comprobar que la enmienda salía adelante con los votos del PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto.

Otra de las enmiendas debatidas este lunes ha sido la aprobación de una de Vox, gracias al texto transaccionado con el Partido Socialista, que suprime la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y añade una nueva disposición adicional para crear un consejo integrado por miembros de las Cortes, con representación de todos los grupos, y un portavoz de los trabajadores. La enmienda, que también ha salido adelante con los votos de todos los grupos salvo el PP, recoge una disposición adicional para la convocatoria de un nuevo concurso para la concesión de la televisión autonómica, por el que la Junta la deberá convocar, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, con criterios de publicidad y transparencia. Se incluye la garantía de la subrogación de los actuales trabajadores, con cláusulas sociales que garanticen sus condiciones laborales.

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Nuria Rubio, del PSOE, ha destacado que la enmienda ha quedado «relativamente bien», al precisar que su grupo consideraba importante que todos tuvieran representación en el consejo, lo que, a su juicio, «enriquece» la labor de control al Gobierno autonómico. «Lo más importante para nosotros es pensar en el bienestar de los trabajadores, por lo que era muy relevante que hubiera un representante de los empleados», ha añadido.

Todas las enmiendas aprobadas se incorporarán al artículo 1 de la ley de publicidad institucional mientras que las rechazadas se debatirán en el pleno de las Cortes. La mayor parte ha salido adelante después de un acuerdo entre los grupos parlamentario socialista y de Vox para «mejorar» el contenido de la ley y «garantizar» su adecuación al Estatuto de Autonomía.

García Nieto ha dejado bien claro la posición de su grupo al inicio de la Comisión de la Presidencia al señalar que las enmiendas aprobadas solo pretenden «amordazar» e «intimidar» a los medios de comunicación. Hasta el punto que ha asegurado que el título de la reforma de la ley debería incluir la palabra «censura» y no de publicidad institucional. Tras votar en contra de todas las enmiendas y apuntar que se reserva su defensa en el pleno de las Cortes, ha reiterado que lo aprobado hoy va en contra de la libertad de expresión, de opinión y de prensa. «Anteponen la voluntad de censura a esas libertades básicas y principios esenciales consagrados en la Constitución», ha sentenciado.

García Nieto ha manifestado que Grupo Popular no está en contra de la modificación de la ley de publicidad institucional de Castilla y León, que data del año 2009. «Con el paso del tiempo, es bueno adaptar y modernizar la normativa para favorecer la mejor y más completa información dirigida a los ciudadanos», ha subrayado. En este sentido, valoró necesario que los castellanos y leoneses conozcan todos los servicios y recursos públicos que tienen a su disposición.

«Como toda norma es mejorable y se puede adaptar a los tiempos actuales, pero aunque algunas de las enmiendas, sobre todo las de UPL-Soria Ya, puedan estar justificadas en un cambio normativo, se ha propuesto en el vehículo confundido y en un marco del que no queremos formar parte», ha añadido.