La lucha de la farmacia rural: «Es complicado, pero somos necesarios»

Para las farmacias que tienen más difícil sobrevivir existe un índice corrector con ayudas que palian las pérdidas y puedan evitar así su cierre, ya que no son tiendas al uso –tienen condiciones y requisitos especiales de apertura– sino que prestan un servicio esencial. En 2024, un total de 201 boticas recibieron este apoyo, con una media de 2.000 euros cada una, y las provincias de Salamanca y Zamora se situaron a la cabeza con el mayor número de negocios con estos fondos –39 cada una–. En Palencia, por contra, tan solo fueron cinco.

Después del bajón registrado en año 2022, cuando había 154, se ha anotado una subida progresiva de los establecimientos que está relacionada directamente con «la modificación y ampliación de criterios y cuantías de aplicación» establecidas en una nueva orden de la Consejería de Sanidad en 2023, tal y como han asegurado desde el departamento dirigido por Alejandro Vázquez.

Entre las condiciones que se marcan para poder acogerse al índice corrector está el hecho de que la facturación pública por dispensación de recetas no llegue a los 12.000 euros al mes o 200.000 al año. En función de esas cantidades, se aplica una cantidad gradual. En total, las boticas que se consideran en Viabilidad Económica Comprometida (VEC) en Castilla y León representan el 12,5 por ciento de las 1.600 que existen en la Comunidad, el porcentaje más alto de todos los territorios de España y casi el 30 por ciento de todas las que están en esta situación en España –707–. Eso en una región en la que seis de cada diez negocios de este tipo están ubicados en el medio rural y donde la tasa de farmacias por cada 10.000 habitantes es de 6,7, la más alta por detrás de Navarra, según los datos aportados por el Consejo que agrupa al sector.

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En la última década, la red de farmacias de la región ha perdido más de treinta establecimientos –balance entre las aperturas y los cierres–, todas ellas ubicadas en pequeños municipios, y en 2024, la cifra fue también negativa, en concreto, tres menos. Lo que sí destacan desde el Consejo Regional de Farmacéuticos es que «ningún territorio queda desatendido» porque donde una botica baja la persiana hay otro establecimiento que abre botiquín en esa población, un elemento que además permite que mejore la supervivencia de otra farmacia rural.

Miguel lleva tres botiquines en localidades cercanas. «Es un despacho al que acude un farmacéutico determinados días, que suelen coincidir con las jornadas en las que el médico pasa consulta en el pueblo», relata el propietario de una farmacia que no es VEC, pero, por la evolución del panorama demográfico, no descarta que tenga que serlo «en unos años». Se desplaza a otros tres pequeños núcleos para prestar ese servicio porque, con las cuentas encima de la mesa, les resulta «imposible contratar más personal». «Llevamos aquí siete años y de momento no hemos tenido vacaciones», asegura, porque la «dedicación es plena» y el «ritmo de trabajo es diferente».

En el otro lado de la balanza está cómo «valora» la población rural a la figura de este profesional. «Es muy gratificante y eso es de agradecer», reconoce, pero también se viven «momentos difíciles» cuando «va faltando gente porque fallecen o se van». Respecto al futuro, es consciente de que es «complicado» que haya quien se decida a abrir una farmacia y quiera trasladarse a un pueblo, tal y como él ha hecho. A la posible falta de rentabilidad se une el que «la gente suele buscar las ciudades, donde están más localizados el ocio y los servicios». «El venir a las zonas rurales requiere de un perfil determinado. Te tiene que gustar el campo y la tranquilidad», expresa convencido. «No es que no quieran venir, es que hay que aguantar», relata también con la firme convicción de que las farmacias rurales son un elemento «muy necesario y fijador de población». «Las personas sí que se fijan en si existe o no una farmacia para quedarse en un pueblo», relata.

Y es que no solo dispensan medicación, sino que se encargan de otras funciones como vigilar la adherencia, hacer pedagogía sobre su utilización, notificar reacciones adversas y, en los últimos tiempos, lo que se denomina como Sistema Personificado de Dosificación (SPD) para preparar las cantidades diarias a los pacientes más mayores y evitar confusiones. Por todo ello, no es que quieran ayudas, pero sí «el apoyo» de las administraciones y que se tomen medidas, también encaminadas a «retribuir» parte de esas tareas que realizan más allá del mostrador.

En ese punto coincide la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León, María Engracia Pérez, que considera que el modelo de servicio farmacéutico de la Comunidad va ligado a las características del territorio: «zonas despobladas y muy dispersas». Por ello, las boticas «sobreviven en municipios muy pequeñitos y dando un servicio que es esencial porque se trata de un profesional sanitario de cercanía, de confianza, accesible, sin cita previa y que está prácticamente todos los días del año».

Después de un tiempo de bajada de farmacias VEC en la región, «en los últimos años ha aumentado un poco» debido a que ha «cambiado la normativa» y se han mejorado las condiciones para poder acceder a esta categoría, de forma que hay «más establecimientos» que lo reciben. «Paralelamente ha habido cierres de algunas», a menudo porque sus titulares han decidido concurrir a concursos de otras autonomías al ver «poca proyección profesional» en municipios pequeños y «no consiguen traspasarla». Al bajar una de esas persianas, eso desemboca en el crecimiento de los denominados botiquines para seguir dando servicio a esa población«, explica. Existen en la Comunidad 274 puntos de este tipo. El trabajo se »complica« para el farmacéutico titular, pero es también otra tabla de salvación a la que agarrarse para mantener estos negocios rurales al incorporar »clientela que antes no tenía«.

«Lo que piden los profesionales que trabajan en los pueblos más que ayudas son medidas, como el decreto de botiquines, que se podría actualizar, o una normativa que ha sido fundamental que ha hecho que las residencias de mayores tengan que tener como oficina vinculada una de su zona farmacéutica», expresa Pérez. «Este tipo de medidas no requiere financiación, sino que son acciones de regulación», reivindica, a la vez que pide «remuneración» para las labores añadidas. En ese sentido, detalla que ya existen convenios con diputaciones que «financian» el material y la tarea de preparación de los SPD: «Al final, también se busca no solo que le den la ayuda, sino de que se reconozca un trabajo que es más que el de dispensar medicamentos».