El Juzgado da por concluida la instrucción por las eólicas y eleva la causa a la Audiencia de Valladolid

En un auto de febrero de 2021, este juzgado encausó a 17 personas por el caso, ante posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Así, consideró que el exconsejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, junto con Rafael Delegado, exviceconsejero de Economía, y Ricardo Bravo, responsable de Ibercyl, urdieron un plan para exigir a los promotores cuyos parques tenían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes, o bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, a permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la respectiva autorización. Además, se indicaba que la participación de la empresa local debía ser próxima al 40 por ciento.

Además de Rafael Delgado, entre los encausados figuran Alberto Esgueva, exconsejero delegado de ADE Internacional-Excal, su hermano Francisco Esgueva, expresidente de Cementos La Bureba y consejero del Parque Empresarial de Portillo; Andrés Martín de Paz, exadministrador de Villardefrades Eólica; Germán Martín Giraldo, exadministrador de Urban Proyecta; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente Muñoz, del Grupo Collosa; Jesús Rodríguez Recio, fundador Tough Trade; Marc Nadelar, intermediario de Zarapicos Golf; Germán José Martín Giraldo, exadministrador de Urban Proyecta; César Hernández Chico; Carlos Galdón, exconsejero delegado de Glaxo en España; María del Mar Moreno, exesposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector general de Minas; los hermanos Patricio y Miguel Ángel Llorente Muñoz (Collosa); Ricardo Bravo Sayas (Ibercyl), Rafael Icaza de la Sota (Ibercyl) y Pedro Barriuso Otaola (Ibercyl).

A su vez, el instructor abrió una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por un posible blanqueo de capitales. En la misma resolución, el juez, archivó las diligencias contra tres investigados: Gabriel Ángel Jiménez Martínez, Xabier Viteri Solaum y José Pérez Arizaga.

Según sostiene el juez y recoge Ical, en la Junta se entendió que el sector de las energías renovables, y particularmente el eólico, era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.

También acordaron seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación. Así, se actuó concertadamente Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz , Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente Muñoz para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.

Con el fin de lograr su propósito, Rafael Delgado indicó al ex director general de Energía y Minas, Manuel Ordóñez, que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales, a quienes correspondía legalmente, y le fuera conferida a él la potestad de otorgarlas. Así dictó la instrucción 2004 de 14 de abril por la que se ordenaba a los servicios territoriales que avocaran en todos los casos la autorización en favor del viceconsejero.

Con la finalidad de conseguir la participación de empresarios locales en los parques eólicos Rafael Delgado ordenó que no se solicitara la avocación de la autorización de los parques en tanto no estuviera asegurada esta participación.

Para justificar esta paralización, Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación, que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local. En ejecución del plan Rafael Delgado intervino bien paralizando la tramitación de autorizaciones, en tanto no tuvieren presencia de los socios locales deseados, decisión que afectó a los parques solicitados por las sociedades Augusta Wind; Cannon Power España, Ider (Investigación y Desarrollo de Energías Renovables, SL); HN Generación (Hidro Norte Generación Eólica); Ibervetoy Altos del Rasero, a la vez que impulsaba indebidamente las autorizaciones de otros competidores.

Además, una vez que dejó de ser viceconsejo y se convirtió en secretario general de la Consejería de Economía, cargo que ocupó entre julio de 2007 y junio de 2011, Rafael Delgado también facilitó que serie de parques para que fueran autorizados, gestiones ilícitas por las que logró importantes cantidades.

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Así Avanzalia Energías Renovables había comprado a Gamesa Energía en mayo de 2007, con la intermediación de Delgado, los derechos derivados de la titularidad del parque eólico Peña Cabra en la provincia de Salamanca por 463.480 euros más IVA. El 20 de julio de 2007 Avanzalia firmó un contrato con Aguiase SL, sociedad controlada por Francisco Aguirre, persona ya fallecida y que mantenía una estrecha relación con Delgado, para que le prestara sus servicios para la consecución de las licencias administrativas necesarias para la puesta en marcha del parque eólico Peña Cabra por 8,1 millones más IVA. Ese mismo año, la misma sociedad firmó otro acuerdo con Avanzalia Solar por el que pagaría 150.000 euros por cada megavatio adjudicado.

A su vez, el auto también hizo referencia al acuerdo que esta persona firmó con el Grupo Guascor referido a parques con una potencia conjunta de 500 megavatios. Por esta operación Francisco Aguire percibió finalmente de Carlos Galdón más de 4,3 millones de euros, que repartió con Rafael.

Esta cantidad fue ingresada por Galdón en el principado de Mónaco en sendas cuentas en el Lloyds Bank de Mónaco abiertas a nombre de las sociedades panameñas Cider Trade SA y Pelton Corp Inc entre los meses de julio de 2007 y abril de 2008. La primera de las sociedades panameñas era controlada por Jesús Rodríguez Recio y a su cuenta bancaria fueron transferidos 2.225.786,22 euros, cantidad de la que ha dispuesto en provecho propio Rafael tras ser transferida a cuentas bancarias radicadas en Suiza cuyo titular es la sociedad Nehmo Holding SA., previo paso por la sociedad de nacionalidad suiza Natal Ventures.