Rafael Delgado y Alberto Esgueva, en una imagen de archivo
Rafael Delgado y Alberto Esgueva, en una imagen de archivo - F. HERAS

Anticorrupción acusa a Rafael Delgado y otras 20 de personas por la «trama eólica»

La Fiscalía mantiene que interambiaron comisiones a cambio de autorizaciones de parques eólicos

ABC
ValladolidActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción acusa a 21 personas, entre ellas el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado y el exdirectivo de la Junta Alberto Esgueva, así como otros responsable de grandes empresas, de participar en un entramado que intercambiaba comisiones a cambio de autorizaciones para instalar parques eólicos en Castilla y León. La querella, presentada con el aval del fiscal general del Estado, Manuel Moix, cifra en 80 millones de euros los pagos realizados por algunas compañías promotoras, según recoge la información que publica en su edición de hoy El Confidencial.

El escrito de acusación, que ahora se envía a Valladolid, imputa los delitos de prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias a la veintena acusados y reduce a 80 millones el importe de las comisiones, frente a los 110 que había establecido un informe de la Agencia Tributaria de hace dos años, al excluir un par de operaciones en las que considera no se produjo ningún delito.

Según Anticorrupción, Rafael Delgado «exigía» a los promotores que desarrollaban parques eólicos «ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40 por ciento». Los beneficiarios eran «empresas pertenecientes a personas con las que -Delgado- tenía una especial relación». Entre ellos, la Fiscalía, sitúa a Alberto Esgueva, antiguo consejero delegado de la empresa pública Excal que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia, y los hermanos Llorente Muñoz, dueños del Grupo Collosa, informa Ical.

«Ninguno de los empresarios amigos de Rafael Delgado, con la posible excepción de los hermanos Llorente Muñoz, estaba interesado en participar activamente en el negocio eólico, como lo acredita el hecho de que su permanencia en entidades promotoras fuera temporalmente muy corta (poco más de un año) e impropia de una inversión industrial y, de otra parte, que esa permanencia no supusiera ninguna aportación empresarial en las mismas», sostiene el escrito presentado por el fiscal Tomás Herranz, que ha investigado el caso en secreto durante dos años.

Asimismo, señala que para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004, Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. «La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta Fiscalía».

De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa «avocación» a los viceconsejeros. El 71 por ciento las resolvió Rafael Delgado y el 23 por ciento su sustituta. Esa instrucción, según Anticorrupción, «permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa».

La querella de la Fiscalía no incluye al exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva. «En este momento se desconoce si cada autorización avocada por el viceconsejero ha sido puesta en conocimiento del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, como sería lo procedente», señala el fiscal. Además, reconoce que en este momento no consta que «otros miembros de la Junta conocieran dichas circunstancias», aunque pide que se cite como testigo el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

Los exaltos cargos de la Junta obtuvieron «un beneficio desproporcionado carente de justificación económica y ajena a toda lógica empresarial», señala la Fiscalía, según recoge El Confidencial.