El Gobierno envía un requerimiento a Castilla y León para que «se abstenga» de aplicar medidas 'antiaborto'
Advierte de que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico» pone a su disposición «para defender la libertad de las mujeres»
Valladolid
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Iniciar sesiónEl Gobierno de Pedro Sánchez mueve ficha de forma oficial contra las medidas que califica como «antiabortistas» de la Junta de Castilla y León. Lo ha hecho a través de un requerimiento oficial remitido en la tarde de este domingo a la ... Consejería de Sanidad «para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo».
Así lo han dado a conocer a través de un comunicado oficial con sello de la Presidencia del Gobierno, con el que reaccionan «al protocolo denominado por el propio ejecutivo regional como 'abortista'», según la nota. Se refieren al protocolo que bajo el título de 'Medidas sanitarias relacionadas con el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias' que desde la Consejería que encabeza Alejandro Vázquez y el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han negado que supongan cambios en el protocolo de actuación con las embarazadas.
Esas medidas incluyen ecografía 4D y la implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre. Unas acciones "provida", según defendió en su presentación del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, desatando la polémica.
En su requerimiento, el Gobierno advierte de que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente».
«Velará -prosigue- para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia». Según señala, hasta tres departamentos gubernamentales están detrás de este movimiento: los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia.
En el requerimiento, además, se pide a la Junta de Castilla y León que «en caso de haber sido ya adoptada» alguna medida se proceda al «cese inmediato». También se «exige que la realización de pruebas diagnósticas no conravenga el conocimiento científico actual» y las recomendaciones de la guías avaladas por las sociedades científicas, así como que se comunique «de manera inmediata al Ministerio de Sanidad» los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones.
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Además, advierte de que en caso de que el requerimiento «no sea atendido íntegra e inmediatamente», el Gobierno «no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales» y «estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales».
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