El Gobierno califica de «intimidación» y «coacción» para las mujeres las medidas «provida» de la Junta de Castilla y León

El PSOE ha publicado un comunicado donde destacan su «frontal oposición al recorte y a la limitación de los derechos sexuales y reproductivos que puede producirse en Castilla y Léon». Para los socialistas, el protocolo supone una forma de emular el «hostigamiento» que se llevaba a cabo por «grupos de ultraderecha organizados que acudían a las inmediaciones de estos centros».

Asimismo, la formación liderada por Pedro Sánchez afirma que «van a combatir» estas medidas con la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la cual se aprobará en las próximas semanas, recoge el comunicado.

Además, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el fin de las medidas «es intimidar a las mujeres para que no ejerzan su derecho al aborto». Además, ha interpelado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole «qué opina» y si «este es el coste que tiene que pagar el PP para seguir gobernando».

Por su parte, la portavoz nacional del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha pronunciado en la misma línea, señalando la «intimidación» que supone y aludiendo al presidente del PP para señalar que «'El cuento de la criada' se os va a quedar corto».

También ha reaccionado la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo, compartiendo por su opinión por Twitter. «Si el PP y Vox de Castilla y León supieran que es ilegal ¿lo propondrían?» «¿Y si nos respetaran? ¿Y si se dieran cuenta de que estamos hartas de tutelas y machismo supremacista?», ha afirmado.

Desde el ministerio de Igualdad han señalado su disconformidad con las medidas, que califican de «coacción» para las mujeres que quieran abortar y de «retroceso» en un »derecho esencial para las mujeres , que es un hito de la lucha feminista de nuestro país», señalaron fuentes del ministerio a Servimedia.

También calificaron el protocolo de «reacción machista» y señalaron que podrían suponer una «vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva« de las mujeres al «coartar su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud».

Una situación que podría provocar desigualdades entre territorios y la movilidad entre territorios para ejercer este derecho según el ministerio liderado por Irene Montero.

El impulsor de las medidas y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha subrayado que se trata de un acuerdo «negociado y consensuado» con la Consejería de Sanidad y que supone el desarrollo del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox firmado el 10 de marzo del año pasado.